Granada, 2 dic (EFE).- La declaración y las diligencias ante la Policía del segundo denunciante de supuestos abusos sexuales por parte de sacerdotes no han «sustanciado nada novedoso» o que aporten un «valor añadido» a la investigación, según ha asegurado hoy el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez.
La Policía abrió diligencias para volver a tomar declaración a ese testigo o supuesta víctima de los supuestos abusos sexuales contra menores, quien el pasado martes 25 de noviembre presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia en la que ampliaba datos y nombres sobre los hechos.
Según ha explicado Pérez en respuesta a los periodistas, una vez abiertas tales diligencias, se tomó declaración al segundo denunciante y se hicieron las averiguaciones «precisas» por parte de la Policía.
«De esas averiguaciones no se ha sustanciado nada novedoso, nada que, de alguna manera, aporte un valor añadido a lo que ya se sabía y a las personas que ya están inculpadas», ha manifestado el subdelegado.
Respecto al segundo denunciante, al parecer amigo del joven de 24 años que destapó al supuesto grupo pederasta, el juez instructor del caso, Antonio Moreno, ya precisó en un auto que había descrito masajes que no constaban «aún indiciariamente acreditados».
Por otra parte, Pérez ha señalado que, desde el punto de vista policial, tampoco constan nuevas denuncias de supuesto abusos y ha destacado el «buen trabajo» desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a pesar de las «dificultades importantes» que ha tenido este caso.
«A día de hoy esta parte está terminada, salvo que surgiera cualquier otro aspecto novedoso», ha añadido.
Los cuatro detenidos en este caso, tres sacerdotes y un profesor de religión, quedaron el pasado miércoles en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez, que solo a uno de ellos, el padre Román, supuesto cabecilla del grupo, impuso prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros que el cura abonó de inmediato, lo que permitió su puesta en libertad.
El juez instructor apreció como «particularmente degradante y vejatorio» el carácter de las conductas del padre Román hacia el primer denunciante de los hechos.
La investigación judicial comenzó el pasado 14 de octubre, cuando el joven interpuso una denuncia en la Fiscalía después de haberla dirigido al Arzobispado de Granada y posteriormente por carta al papa Francisco, que llegó a pedirle perdón en nombre de la Iglesia a través de una llamada telefónica.
