Palma, 28 ago (EFE).- El PSIB-PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma licita tres contratos sociales sin garantizar la calidad de los servicios ni limitar el peso de la oferta económica al 30 %, con lo que se incumple un acuerdo unánime al que se llegó en pleno municipal.
Los contratos afectan a acogida temporal, prevención comunitaria y talleres de orientación sociolaboral por 1,5 millones de euros, informa el PSIB-PSOE.
Después de que en julio el patronato de guarderías tuvo que rectificar los pliegos del servicio de atención a la diversidad por incumplir el señalado, el gobierno de Palma ha «aprovechado» agosto, dicen los socialistas, para publicar los pliegos de tres servicios especializados que salen a concurso,
Estos servicios, por 1,5 millones de euros, conceden un peso del 50 % y del 40% a la oferta económica por delante del proyecto técnico y de la calidad del servicio.
Son servicios de acogimiento temporal (869.235 euros), talleres para niños y jóvenes en riesgo de exclusión (466.000 euros) y el de prevención comunitaria (187.750 euros).
El concejal socialista José Hila recuerda «la necesidad de priorizar la puntuación del proyecto técnico para garantizar la calidad del servicio, así como la necesidad de establecer unos mínimos de calidad».
Los pliegos de estos servicios se aprobaron por urgencia en la junta de gobierno de Palma el 30 de julio, «sin mucho tiempo para la presentación de alegaciones por parte de las entidades que trabajan en la atención social», destaca el PSIB.
Los socialistas llaman la atención sobre el hecho de que uno de los tres contratos sí incluía, explícitamente, la referencia al acuerdo adoptado en noviembre de 2012 para limitar el peso de la oferta económica y garantizar la calidad de los servicios sociales.
El acuerdo establece que «en los pliegos de condiciones para adjudicar servicios municipales socioeducativos o socioculturales en el Ayuntamiento de Palma, se establecerán los mecanismos necesarios, para que de acuerdo con la aplicación de la ley de contratos se limitará la valoración de la oferta económica en un máximo del 30 % de la puntuación global».
Añade que «asimismo se excluirán del proceso de contratación las propuestas presentadas que no superen los mínimos de calidad que se establezcan a los concursos públicos y se limitarán las bajas en la oferta económica para garantizar un servicio de calidad».
El objetivo era priorizar la puntuación del proyecto técnico por encima de la oferta económica, garantizar unos mínimos de calidad del servicio, y evitar situaciones de empresas no especializadas que se hacen con contratos sociales gracias a la rebaja económica, agrega el PSIB.
En este sentido, explica que esto fue lo que ocurrió con el programa Alter de intervención familiar en situación de riesgo, en el que la empresa obtuvo una ínfima puntuación técnica y ganó por la gran baja económica.
Hila denuncia que en ninguno de los tres contratos «los pliegos se especifica cuáles son los indicadores de calidad ni se valora la experiencia de la entidad que accede», que es lo que se tendría que acreditar al ser la responsable del proyecto, y no «premiar el currículum personal».
