El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la concesión de ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para compensar los gastos adicionales en personal derivados de la aprobación del nuevo convenio colectivo general, a nivel estatal, de centros y servicios de atención a personas con discapacidad en julio de 2019. Tradicionalmente, la prestación de servicios y atención a la discapacidad en Asturias ha venido siendo encomendada en gran parte a entidades y organizaciones del tercer sector sin ánimo de lucro; asociaciones, fundaciones, federaciones y patronatos, vinculados en muchos casos a familias y tutores de personas con discapacidad, con fuerte raigambre en las localidades en que se ubican y ofertan los servicios.
Estas organizaciones iniciaron la puesta en marcha de recursos y programas específicos para personas con discapacidad, implementando actuaciones e intervenciones sociales cuando el desarrollo y la implantación territorial de los servicios públicos en esta materia eran claramente insuficientes.
La aprobación de un nuevo convenio colectivo general, a nivel estatal, de centros y servicios de atención a personas con discapacidad en julio de 2019 supuso para algunas de estas entidades un incremento en los gastos de personal que no estaban contemplados en los contratos de los acuerdo marco existentes, que finalizaron en julio de 2019, ni en las prórrogas en vigor en tanto se formalizan los nuevos acuerdos vinculados a la aplicación de la ley de acción concertada.
Este acuerdo, por tanto, tiene como objetivo compensar los desequilibrios económicos causados a diferentes entidades que se han visto afectadas por la aplicación del nuevo convenio colectivo, al tener que asumir un mayor coste de personal. Se atiende así a las reivindicaciones de las entidades afectadas, al compensar los gastos adicionales en personal —en tanto se formalizan los acuerdos de acción concertada— de 20 entidades, por un importe conjunto de 455.445,92 euros, que soportaron entre el 15 de julio de 2019 -fecha en la que finalizaron los acuerdos marco en vigor, y el 31 de diciembre de 2019.