El Principado acusa al Gobierno de condicionar la libre expresión de jueces


l2014_06_18  Congreso Jueces para la Democracia 1Oviedo, 18 jun (EFE).- El consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, ha acusado hoy al Gobierno central de «condicionar lesivamente» la libertad de expresión de las asociaciones judiciales y de los jueces con las reformas de las leyes de tasas y del poder judicial.

En su intervención durante la inauguración del 29º Congreso de Jueces para la Democracia, Martínez ha trasladado a esta colectivo que el Gobierno asturiano comparte las preocupaciones que ya han manifestado al respecto varias asociaciones de magistrados.

Según Martínez, los cambios legislativos introducidos por el Gobierno causa «una gran incertidumbre» en el modelo de justicia ante la merma en el ejercicio de los derechos constitucionales para la ciudadanía con menos ingresos por el modelo de tasas.

A esta circunstancia se añaden, según el consejero, los desequilibrios en el ejercicio de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, la pérdida de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el vuelco organizativo en la centralización de la justicia en las capitales de provincia.

Asimismo, ha criticado la desigualdad territorial que genera la desaparición de los juzgados de paz y la eliminación de la competencia en materia de registros civiles que perjudicará a los ciudadanos de comunidades como Asturias, «con una estructura demográfica tan compleja como su orografía».

El consejero ha incidido en que el Principado, tras asumir las competencias de justicia en 2006, ha invertido más de 36 millones de euros en nuevas infraestructuras como el Palacio de Justicia de Gijón o el Instituto de Medicina Legal y ha puesto en marcha trece nuevas unidades judiciales, que han implicado un aumento del 10 por ciento de la plantilla transferida por el Ministerio.

En su intervención ante el segundo congreso que Jueces para la Democracia celebra en Asturias, Martínez ha elogiado su labor durante más de treinta años en defensa de la democratización de la carrera judicial y reivindicando la crítica interna y externa «y luchando por un perfil de juez comprometido con la realidad del entorno, que aboga por una decidida independencia frente al poder».