Palma, 16 oct (EFE).- El Parlament balear ha manifestado hoy con el apoyo de todos los grupos políticos el «rechazo» al incremento este año en un 128 % de la tasa de ayuda a la navegación marítima aprobada por el Gobierno central, e insta a que se suprima este aumento en 2015, una petición exigida también por el Govern balear.
La proposición no de ley ha sido defendida por el PSIB-PSOE y ha sido apoyada por todos los partidos tras incluirse una enmienda presentada por el PP que ha sido aceptada por los socialistas.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado Damià Borràs, que ha explicado que se aceptado la propuesta de los populares para que la Cámara legislativa lograra un acuerdo «unánime para conseguir que el Gobierno del Estado rectifique».
El aumento de este año de esta tasa ha alcanzado un 128 % con el objetivo de sufragar el servicio que dispensa Salvamento Marítimo, un organismo estatal. La subida puede conllevar un coste adicional de entre 300 y 500 euros anuales por embarcación a la hora de amarrar.
El objetivo de este «frente común», ha afirmado Borràs, es que el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy «cumpla lo que anunció».
Borràs ha manifestado que el conseller balear de Turismo, Jaime Martínez, afirmó en marzo de este año en una entrevista en un diario que la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, le anunció que «muy probablemente» este gravamen se suprimiría en los presupuestos generales del Estado de 2015, que se encuentran en fase de tramitación parlamentaria.
El diputado socialista ha recordado que la subida de esta tasa, que grava casi todas las embarcaciones que navegan las costas de las islas, ha sido denunciada de manera unánime por el sector.
Desde el PP, el diputado Carlos Veramendi ha dicho que con este impuesto el Ministerio de Fomento trabaja sobre la premisa de «penalizar principalmente la insularidad por hacer recaer el coste de un servicio estatal en los usuarios de la red portuaria».
El Gobierno, ha añadido, no actúa de la misma manera con el transporte ferroviario ni con transporte terrestre en la Península, lo que supone un «agravio comparativo para los territorios insulares» y sus ciudadanos, que aportan sus impuestos a los presupuestos generales del Estado y, además, deben pagar los servicios generales portuarios y aeroportuarios.
En opinión de Veramendi, un aumento del 128 % es «desmesurado». Al final, el Gobierno recauda con este gravamen 9,6 millones de euros, «una cantidad relativamente pequeña si se atiende a la globalidad de los Presupuestos del Ministerio de Fomento».
