Madrid, 19 may (dpa) – El nuevo «president» de Cataluña, el independentista Joaquim Torra, incluyó hoy en su Gobierno a políticos en prisión preventiva y a otros que se encuentran fuera de España para evitar ser detenidos a raíz del proceso separatista.
Con este gesto, el jefe del Ejecutivo regional lanzó un desafío a Madrid, que rechazaba que los independentistas presos y huidos fueran nombrados consejeros (ministros regionales). El Gobierno español de Mariano Rajoy advirtió el viernes que «actuaría» si así fuera.
Torra firmó hoy el decreto de nombramiento de los miembros del nuevo Gobierno, según informó el Ejecutivo catalán en un comunicado.
Dos de ellos son Jordi Turull y Josep Rull, investigados por la Justicia española y encarcelados de forma provisional por el proceso independentista que el ex «president» catalán Carles Puigdemont llevó al límite en octubre al aprobarse en el Parlamento catalán una declaración para crear una república independiente en la región.
Entre los 13 consejeros se encuentran además Toni Comín y Lluís Puig, quienes también están imputados por el plan separatista y permanecen en Bélgica desde final de octubre.
Según informó hoy el Gobierno catalán, los nuevos consejeros tomarán previsiblemente posesión de su cargo el miércoles en Barcelona.
Pero para poder acudir al acto, Turull y Rull pidieron al juez que los investiga que los ponga en libertad provisional. Por otra parte, Comín y Puig serían detenidos en caso de regresar a España.
La situación plantea por tanto algunas incógnitas. Aunque la toma de posesión tiene normalmente carácter presencial, desde el independentismo defienden que no es necesario que sea «in situ».
Más allá de eso, Madrid considera que estar al frente de un área de Gobierno no es factible desde la cárcel.
«Un consejero no puede ejercer sus funciones estando en prisión. Es un elemento de sentido común que obliga a pensar que factualmente no es posible», dijo el viernes en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo.
La decisión de Torra, muy criticada por los grupos políticos no independentistas, encaja con su afán de «restituir» en el Gobierno a dirigentes encarcelados o que en su momento huyeron de España tras ser destituidos por Madrid para frenar el proceso independentista.
«Gobierno moderno para un país moderno, al servicio de una sociedad moderna, abierta, europea», escribió hoy Puigdemont en Twitter.
Entre los partidos no independentistas afloraron las críticas. «Torra pone de consejeros a presos o huidos de la Justicia en su gobierno rebelde», expresó en un mensaje el líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, quien pide a Rajoy mano dura con el independentismo.
«La composición del nuevo ‘Govern’ es un claro mensaje de la voluntad de seguir instalados en la bronca, el conflicto y la provocación», expresó también en Twitter Xavier García Albiol, líder del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en Cataluña.
La autonomía de la región española está intervenida por Madrid desde hace más de medio año. La medida se levantará solo cuando tomen posesión de sus cargos todos los miembros del nuevo Ejecutivo.
Rajoy intentó así frenar en octubre los planes rupturistas de Puigdemont y tras destituir a todo su Gobierno, convocó unas elecciones en las que los partidos separatistas obtuvieron mayoría.
Meses después, la investidura de Torra como nuevo «president» catalán fue muy polémica ya que los sectores no independentistas lo consideran «un radical» dispuesto a culminar el proceso soberanista.
Pese a su buen resultado en los comicios, los independentistas tuvieron problemas para formar Gobierno por la situación judicial de los candidatos a encabezarlo, entre ellos el propio Puigdemont.
El ex jefe del Ejecutivo catalán salió de España en octubre para evitar ser detenido como algunos de los ex miembros de su Gobierno.
A finales de marzo fue arrestado en el norte de Alemania y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Ahora espera en este país a que la Justicia alemana decida sobre su posible entrega a España, donde está siendo investigado.
Por Ana Lázaro Verde (dpa)
