Montevideo, 11 mar (EFE).- El Gobierno uruguayo rechazó un recurso de la Iglesia Católica para que las instituciones sanitarias vinculadas a ella fueran eximidas de practicar abortos tras la aprobación en noviembre de 2012 de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, informaron hoy fuentes oficiales.
«La resolución es muy reciente y seguramente vamos a solicitar asesoramiento jurídico antes de definir posibles futuros pasos», dijo hoy a Efe monseñor Jaime Fuentes, responsable de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU).
Con el recurso presentado, la Iglesia uruguaya pretendía que el Círculo Católico quedara fuera de la reglamentación de la ley por objeción «de conciencia».
Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ratificó que la legislación aprobada no obliga a las instituciones a aceptar la practica del aborto.
«Quien plantea la objeción de ideario no interviene en los procedimientos de interrupción del embarazo», señala la Presidencia uruguaya en su página digital al informar sobre el rechazo del recurso.
Según la nueva ley, los profesionales de la salud pueden recurrir de manera personal a temas de conciencia para negarse a realizar un aborto, pero las instituciones sanitarias tienen que garantizar a sus asociadas la realización de la interrupción del embarazo en la propia institución o en otra en caso de objeción.
Uruguay registró 6.676 abortos a lo largo del primer año de despenalización, según cifras oficiales difundidas el pasado mes.
Según anunció el viceministro de Salud Pública Lionel Briozzo en una conferencia de prensa, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 la media de abortos por mes fue de 556, sin que en ese período se produjeran muertes maternas por esta práctica.
Sin embargo, sí se registró la muerte de una mujer que fue sometida a un aborto de forma clandestina.
Con estos datos, la incidencia del número de abortos en Uruguay se estableció en 9 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, una tasa que pone al país entre los lugares con menos abortos del mundo, por debajo incluso de los países de Europa Occidental.
La legislación establece que toda mujer residente en el país puede solicitar que se le practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a realizar la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.
La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se hace hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.
Previamente las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social para recibir asesoramiento incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
