Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado hoy que el Gobierno está dispuesto a debatir la modificación del artículo 315 del Código Penal, que castiga con penas de cárcel de hasta tres años a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga.
El ministro de Justicia ha respondido hoy en el Congreso al diputado socialista Manuel de la Rocha, quien ha instado al Gobierno a que actúe para «impedir la persecución de sindicalistas» que, según dijo, están siendo víctimas de una «acción concertada de todos los fiscales, que se ponen de acuerdo para pedir penas de hasta siete años de cárcel».
A este respecto, Gallardón ha respondido que «el Gobierno del PP está dispuesto a debatir esa modificación», al tiempo que ha dejado claro que el «arrepentimiento» del PSOE «queda explícito» porque «fueron los causantes».
En este sentido, el ministro ha puesto de manifiesto que fue el gobierno socialista el que introdujo este artículo en el Código Penal en 1995 y que las penas de hasta tres años fueron incorporadas en el senado, ya que en el texto inicial que salió del Congreso avalado por PSOE e IU constaban sentencias de seis años.
Además, ha recordado que el gobierno socialista tampoco aprovechó la ocasión de modificar dicho artículo en la reforma del Código Penal que llevó a cabo en 2010.
Gallardón también ha recordado que la primera sentencia de condena data del 9 de mayo de 2011, cuando gobernaba el PSOE, que también fue responsable de la designación del fiscal general del Estado -del que dependen jerárquicamente todos los demás fiscales- y que en ese momento no propusieron ninguna reforma del Código Penal.
El diputado socialista, por su parte, ha asegurado que ha habido un «cambio de criterio copernicano, después de una interpretación pacífica durante más de treinta años del vigente artículo 315-3 del Código Penal», con el objetivo de «pedir penas absolutamente desproporcionadas y antidemocráticas».
Ha recordado que en los últimos dos años más de 200 sindicalistas han sido imputados por la fiscalía por ejercer su derecho a huelga, con peticiones de hasta 8 años de prisión, lo que ha llevado a UGT y CCOO a denunciar la vulneración de tratados internacionales en materia de libertad sindical y derecho de huelga ante la OIT.
