Managua, 28 nov (dpa) – El Gobierno de Nicaragua rechazó las sanciones anunciadas el martes por Estados Unidos contra la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y contra su asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau.
La Casa Blanca divulgó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, por la que dispuso el bloqueo de cualquier «propiedad o intereses en propiedades» de ambas personas, que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense.
«Considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza», afirmó Trump.
El mandatario también prohibió a cualquier estadounidense realizar negocios con los señalados, a quienes además no se les permitirá el ingreso a territorio de Estados Unidos.
El Gobierno de Managua reaccionó con una nota en el portal oficial «El 19», en la que rechazó «la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana, contra Nicaragua».
«Declaramos improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos», señaló el comunicado oficial.
Tras el anuncio de la Casa Blanca, la embajada de Estados Unidos en Managua orientó medidas de precaución a su personal, previendo eventuales manifestaciones sandinistas.
Por la noche, el pleno de la Cámara Alta de Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley conocida como Nica Act, una fusión de dos propuestas legislativas para sancionar a Ortega y que deberá ser aprobada en el Senado antes de ser presentada a Trump a más tardar en 10 días.
El pasado 5 de julio, Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky a tres funcionarios del «círculo de poder» de Ortega y Murillo, entre ellos el actual jefe de Policía y consuegro del presidente, Francisco Díaz, a quienes acusó de supuesta corrupción y violación de derechos humanos.
En un comunicado divulgado también ayer, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, advirtió que Washington está «comprometido a hacer rendir cuentas al régimen de Ortega por las protestas violentas y la extendida corrupción que han derivado en las muertes de cientos de nicaragüenses inocentes y en destruir su economía».
Según el Departamento del Tesoro, Murillo es la «copresidenta de facto» de Nicaragua, está implicada en presunta corrupción y tiene «influencia» en sectores acusados de supuestas violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, a Moncada se le vincula en casos de corrupción, extorsión y sobornos en beneficio de Murillo y Ortega, de acuerdo a lo informado por la Casa Blanca.
Mnuchin insistió en la demanda de Estados Unidos para que Ortega adelante las elecciones presidenciales de 2021, bajo la advertencia de que impondrán más sanciones al Gobierno de Managua.
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta de universitarios, y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares que ha dejado 200 muertos según el Gobierno y 325 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque otras ONG elevan la cifra de víctimas a 545.
