El coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, y Raúl Luna, portavoz de la plataforma, han entregado hoy al consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, y al director general de Pesca y Medio Marino, Joan Mercant, la Proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos, uno de los objetivos fundamentales de la plataforma, que el consejero les había encargado.
Vidal ha explicado el motivo del encargo: «cada victoria representa también una nueva amenaza», ha manifestado, recordando que los archivamientos de los proyectos de Schlumberger en el golfo de León y de Cairn Energy en el golfo de Valencia pueden ser sustituidos por unos nuevos. Por eso, ha subrayado, «hacía falta un instrumento más fuerte para hacer frente a todos los proyectos actuales y futuros».
La ley «se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria, y prohíbe la exploración, la búsqueda y la explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el cual el Estado español tenga jurisdicción», tal como ha detallado Carlos Bravo. También «prohíbe en este espacio marino la exploración por medio de adquisiciones sísmicas, sea cuál sea la finalidad, excepto en el caso que esté científicamente demostrado que se utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino».
La disposición transitoria establece que la Ley es aplicable a todas las solicitudes de exploración, búsqueda y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando la Ley entre en vigor, y la disposición adicional, que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en la Ley que se hayan concedido antes de que la Ley entre en vigor, permanecen vigentes hasta que se extinguen, y no pueden ser objeto de ninguna prórroga.
La exposición de motivos recuerda que el Estado español forma parte de la mayoría de los acuerdos internacionales de protección del Mediterráneo y que, como miembro de la Unión Europea, ha adaptado el sistema jurídico a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad, como la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad y geodibersidad y la de protección del medio marino. La primera, de hecho, creó la figura de área marina protegida, y la segunda, la Red de Áreas Marinas Protegidas de España. En todo eso se añade la propuesta de zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del corredor de migración de cetáceos que transcurre entre las costas del País Valenciano, Catalunya y las Islas Baleares, anunciada por el Estado, a instancias de Alianza Mar Blava y el Gobierno de las Islas Baleares, en la pasada 19ª Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona, que tuvo lugar en Atenas el mes de febrero pasado. Esta declaración cuenta con el apoyo del Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, que en la sesión del pasado 16 de febrero aprobó, de manera unánime, una declaración institucional en que insta el Gobierno español a la declaración del ZEPIM y a la aplicación inmediata de un régimen preventivo de protección en esta área y de medidas de reducción del ruido submarino.
Además del Parlamento de las Islas Baleares, se han añadido a esta petición el Gobierno de las Islas Baleares (en la reunión del Consejo de Gobierno del 27 de mayo pasado), la Generalitat de Catalunya (mediante un acuerdo del 19 de julio), los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Formentera, más de diez ayuntamientos de las Islas Baleares y, más recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona.
La propuesta se presentará a todos los grupos parlamentarios y se tendrá que aprobar en el Parlamento autonómico para después debatirse en el Congreso de los Diputados, donde tendrán que defenderla tres diputados de la Comunidad Autónoma.
