Madrid, 29 sep (dpa) – El Tribunal Constitucional español suspendió hoy de forma cautelar el referéndum independentista que el gobierno de Cataluña pretende celebrar el 9 de noviembre en la región del noreste de España.
El pleno del alto tribunal, convocado de forma urgente, admitió a trámite los recursos presentados unas horas antes por el gobierno de Mariano Rajoy, que considera la consulta ilegal.
La suspensión se produjo de forma automática, de acuerdo con la solicitud expresa del Ejecutivo. Se paraliza tanto la convocatoria del referéndum, decretada el sábado, como la ley de consultas aprobada el 19 de septiembre por el Parlamento catalán para otorgar a éste amparo legal.
En un comunicado difundido por medios españoles, el tribunal explicó que la celeridad adoptada responde a «la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana».
Grupos independentistas llamaron a la movilización de los catalanes para rechazar la decisión judicial. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización responsable de las grandes manifestaciones independentistas de los últimos años, convocó concentraciones este martes.
El Constitucional cuenta ahora con cinco meses para resolver los recursos y decidir sobre el fondo de la cuestión: si considera la consulta ilegal al no estar amparada por la Carta Magna. En caso de no hacerlo en ese plazo, podría prorrogar la suspensión.
Tras la decisión de hoy se abre, además, un plazo de entre 15 y 20 días para que las partes presenten alegaciones. El gobierno catalán, presidido por Artur Mas, ya avanzó hoy que así lo hará.
Rajoy anunció hoy la impugnación de la consulta soberanista en una declaración institucional en la que destacó que es «abiertamente contraria» a la Constitución española. El Partido Socialista, la fuerza más importante de la oposición en el país, apoyó la decisión.
«Hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles», dijo el presidente del gobierno, quien insistió en que es a todos los ciudadanos del país a quienes corresponde decidir qué es España y cómo se organiza.
Rajoy también lanzó un mensaje a Artur Mas, quien firmó el sábado el decreto de convocatoria de la consulta independentista en un acto solemne en la sede del gobierno catalán, el Palau de la Generalitat de Barcelona.
«Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo y buscar un diálogo fructífero. El gobierno y yo estamos abiertos pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad», destacó.
Mas, por su parte, calificó de «hostil» la actitud del gobierno español. «Tienen miedo de la respuesta», dijo en un acto vinculado a la eventual independencia de la región en el que criticó el tiempo récord del Constitucional para admitir a trámite los recursos interpuestos por el Ejecutivo de Rajoy.
Horas antes, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, dijo que la decisión de Rajoy era un «error político de consecuencias mayúsculas» y advirtió que, en su opinión, no frenará el proceso soberanista sino que lo reforzará.
El gobierno español puso en marcha la maquinaria legal para intentar frenar el referéndum el sábado, poco después de que éste fuera convocado.
A primera hora de la mañana de hoy, se celebró un consejo de ministros extraordinario que dio el visto bueno a los dos recursos que la abogacía del Estado presentó poco después ante el Constitucional.
El desafío soberanista de Mas se concretó el pasado mes de diciembre, cuando el gobierno catalán anunció la fecha y las preguntas del referéndum de autodeterminación: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado?’ y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, ‘¿Quiere que ese Estado sea independiente?
Desde entonces, la postura del gobierno de Rajoy fue firme contra la consulta: «No se celebrará», dijo ya aquel día el presidente del Ejecutivo.
Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y es una de las regiones más fuertes económicamente en España aunque también una de las más endeudadas.
Por Ana Lázaro Verde
