El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dos medidas que implican destinar 49,1 millones de euros a la financiación de prestaciones de personas dependientes. Estas iniciativas, que beneficiarán directamente a más de 9.000 ciudadanos, demuestran el compromiso del Ejecutivo que preside Javier Fernández con los asturianos y asturianas con algún tipo de dependencia.

Una de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno es la autorización del gasto anticipado de algo más de 40,3 millones de euros para el abono de las prestaciones económicas a la dependencia durante el año 2014. Esta dotación económica permitirá, por un lado, incorporar al sistema una media mensual de 250 personas, garantizando con ello el mantenimiento de la tasa de reposición y que no se genere más retraso en la tramitación de los expedientes y, por otro, la incorporación de las 2.100 personas en lista de espera, lo que pondrá fin a esta situación.

A pesar de que la reforma de la Ley de la Dependencia que ha llevado a cabo el Gobierno de España amplía hasta los 30 meses el plazo para conceder la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el Principado la está abonando en los mismos plazos que el resto se servicios y prestaciones del catálogo de la dependencia.

La otra medida es la autorización de un gasto adicional de 8,8 millones de euros para abonar los atrasos a 4.003 personas dependientes que tienen la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Esta decisión fue desbloqueada la semana pasada y hoy se ha procedido a su autorización definitiva.

Estas cantidades fueron generadas por retrasos en la resolución de expedientes de la dependencia. A partir de ahora cobrarán esos atrasos las personas cuya prestación se resolvió entre el 1 de julio de 2010 y el 15 de julio de 2012, fecha a partir de la cual no se ha devengado ningún atraso como consecuencia de la modificación legal de la dependencia del verano de 2012. La medida se comunicará personalmente por carta a cada una de las personas afectadas.

En 2010 el Gobierno de España estableció mediante el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, que el pago de las cantidades generadas como atrasos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se podría abonar en un plazo máximo de cinco años. Posteriormente, en julio de 2012, amplió este período hasta los ocho años.

Por tanto, con la decisión de adelantar la liquidación del pago de la deuda contraída, el Gobierno asturiano contribuye a que los beneficiarios perciban las cantidades que se les adeudan y se minimice así el impacto de los gastos en que las familias han podido incurrir por cuidar de las personas dependientes en sus domicilios. Además, la medida implica una simplificación en la tramitación de los expedientes en materia de dependencia que permitirá destinar esfuerzos y recursos a nuevos trámites y, por tanto, agilizará la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema.