LA HABANA (dpa) – El país «no se pondrá en venta», aseguraban los medios estatales en los días previos al anuncio de la última reforma en la Cuba de Raúl Castro: una nueva ley para intentar atraer capitales a la isla. Más de 50 años tras la revolución de Fidel Castro, la mayor de las Antillas busca ahora convertirse en una «oportunidad de negocios» para inversores extranjeros.
Una apuesta clara, aunque de éxito aún incierto. Las prioridades y la retórica han cambiado desde los tiempos de la expropiación de latifundios en los 60 y del monopolio estatal exclusivo de décadas posteriores. El menor de los Castro continúa impulsando reformas de mercado que acercan a la isla a modelos como los de Vietnam o China, con apertura económica, pero sin cambios políticos.
«Son innegables los beneficios de la inversión extranjera directa para las economías de la región y de las inyecciones de capital de las empresas transnacionales», reconocía el propio Raúl Castro en enero frente a los jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), durante la cumbre celebrada en La Habana.
También altos dirigentes como el presidente de la comisión a cargo de las reformas, Marino Murillo, o el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, defendieron la nueva Ley de Inversión Extranjera el pasado sábado durante su aprobación por votación unánime en la Asamblea Nacional.
La nueva legislación «tiene fuertes implicaciones políticas ya que constituye una actualización profunda del proceso de transformaciones que se desarrolló al inicio de la Revolución para poner los principales medios de producción en manos del Estado», reconoció Malmierca el giro en política económica.
Además de expropiar al gran capital a comienzos de los 60, el gobierno de Fidel Castro nacionalizó todos los pequeños negocios a finales de esa década en la llamada «ofensiva revolucionaria». Una política que su hermano Raúl ha ido invirtiendo en los últimos años con la paulatina apertura a la iniciativa privada, entre otras medidas, y ahora con la nueva ley de inversiones.
La norma reemplaza a una vigente desde 1995 y ofrece, entre otras prerrogativas, incentivos fiscales a las empresas que decidan invertir en Cuba. Las compañías tendrán por ejemplo una reducción del impuesto sobre utilidades del 30 al 15 por ciento tras un periodo de exoneración, así como exenciones para la contratación de mano de obra y parcialmente del impuesto de ventas.
Además de fomentar áreas como la agricultura y fomentar la «transferencia de tecnologías» y la «captación de métodos gerenciales», la ley busca priorizar zonas especiales como el proyectado parque industrial de Mariel a unos 45 kilómetros de La Habana, similar a las zonas de desarrollo especial que impulsaron el crecimiento económico chino a partir de los 80.
Y Cuba tiene planes ambiciosos. La isla espera ingresar hasta 2.500 millones de dólares al año en inversiones directas del extranjero, dijo Murillo el sábado ante el Parlamento. Los planes apuntan a un crecimiento anual promedio de entre cinco y siete por ciento, frente al 1,8 por ciento de media registrado en la última década.
Las nuevas reglas abren en teoría además las posibilidades de inversión para la numerosa comunidad del exilio cubano, tanto para personas jurídicas como naturales.
Para el caso de Estados Unidos, donde vive aproximadamente el 85 por ciento de los cerca de dos millones de emigrantes cubanos, no obstante, el impedimento lo constituye sobre todo el embargo que el gobierno de Washington impone a la isla desde hace más de 50 años.
Algunos analistas, sin embargo, han rebajado de antemano las expectativas respecto a una ley que deja a Cuba aún muy lejos de los estándares de economías muchos más abiertas a la inversión extranjera, también en el propio subcontinente latinoamericano.
La apertura a los capitales necesarios «volverá a depender de la implementación de la ley que conserva un elevado grado de discrecionalidad», señaló por ejemplo el politólogo cubano-estadounidense Arturo López-Levy, de la Universidad de Denver.
«Hay que recordar que la legislación de 1995 nunca fue usada en toda su plenitud y fue paralizada por el inmovilismo y varios cuellos de botella que la nueva ley mantiene», advirtió. Entre ellos están por ejemplo la centralización en manos del Estado de las aprobaciones «caso por caso» de los proyectos de inversión. El aparato burocrático estatal cubano adolece desde hace años de altos niveles de ineficencia y corrupción.
Otro factor que podría desanimar a la inversión extranjera es el impedimento mantenido para los empresarios de contratar libremente a su propio personal local. Las compañías extranjeras que ya operan en Cuba se quejan desde hace tiempo de la imposibilidad de elegir directamente a su personal y dar por ejemplo incentivos fiscales.
Con la nueva ley, la contratación del personal seguirá en manos de agencias empleadoras estatales «para preservar los derechos de los trabajadores», según el castrismo. En la práctica, con esa fórmula la mayor parte de los en parte altos gastos de personal de las empresas extranjeras se queda en las arcas públicas. Los salarios del sector público, en cambio, rondaban hasta hace poco los 30 dólares mensuales.
Otros observadores ven también con escepticismo el potencial de atracción de Cuba, pese a que la isla asegura que con su nueva ley habrá garantías para impedir expropiaciones como hace medio siglo.
«El mayor desafío que puede tener una aventura de inversión en Cuba es la confianza», dijo a la agencia dpa Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría The Havana Consulting Group de Miami, donde vive una gran comunidad de exiliados cubanos. «Y «crear las condiciones de confianza toma un tiempo», consideró.
Por Isaac Risco
