Managua, 17 sep (dpa) – El Gobierno de Daniel Ortega pidió hoy la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien acusó de «violentar la Carta Democrática Interamericana» y ser «una amenaza a la seguridad internacional», mientras en Nicaragua surgen denuncias de «monstruosas torturas» policiales.
Durante su habitual discurso diario, la vicepresidenta Rosario Murillo consideró que Almagro no está en condiciones de seguir al frente del organismo continental tras sus recientes declaraciones en contra de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, calificándolos de «dictaduras».
En recientes declaraciones el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a la comunidad internacional a «asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua» y no desechó la posibilidad de «una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro».
Para Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, ambas declaraciones son «una amenaza a la paz y seguridad internacional» y «una gravísima violación del Derecho Internacional».
«Las dDeclaraciones del señor Almagro, en su condición de secretario general de la OEA, constituyen una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y una gravísima violación de los principios más fundamentales del Derecho Internacional», reza parte de un comunicado publicado por el portal oficialista «19 Digital».
Almagro se extralimitó en sus funciones y transgredió «gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender», lo que lo «descalifica» para «seguir ostentando el cargo (…), al cual debe renunciar», añade el texto.
Durante una sesión el 12 de septiembre, la OEA aprobó una resolución «sobre los acontecimientos recientes en Nicaragua» que contempla «considerar todas las medidas posibles» en la búsqueda de salidas pacíficas a la crisis que vive la nación centroamericana desde abril y donde han muerto cientos de personas.
Mientras, en Managua familiares de dos detenidos denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH, independiente) «monstruosas torturas» y «brutalidad» de parte de la policía de Nicaragua contra ciudadanos.
El caso más dramático denunciado ocurrió al parecer en la norteña provincia de Jinotega, donde un campesino detenido por sospechas de participar en las protestas antigubernamentales fue acuchillado por un policía que le vació un testículo, afirmaron sus familiares.
La víctima, un hombre que se encuentra en un centro asistencial, fue detenido con violencia el 30 de agosto en la comunidad El Dorado, donde fue baleado por un grupo de policías que luego lo arrastró para llevárselo en una patrulla y torturarlo.
«Dos policías me agarraban de los pies mientras estaba enchachado (esposado) por detrás, mientras otro (policía) me torturaba y me cortaba. Me vaciaron mis testículos. Yo pido justicia», narró el hombre en enlace telefónico con la CPDH, tras denunciar que la policía está esperando su alta médica para devolverlo a prisión.
En conferencia de prensa, Pablo Cuevas, asesor jurídico de la CPDH, dijo que estaban ante un caso «monstruoso» a pesar de que el delito de tortura está proscrito en Nicaragua por ser país firmante de protocolos internacionales que la prohíben y dijo que quienes deberían estar detenidos son los mismos policías que ejecutaron dicho crimen.
«Lamentablemente estos son hechos que nos dicen el estado de cosas en nuestro país. La actitud criminal, brutal y bestial con que están actuando las autoridades», advirtió Cuevas, tras indicar que ya conocían denuncias de «violaciones sexuales, uñas arrancadas, personas quemadas con ácido».
También fue denunciada la «brutalidad policial» en el caso de otro hombre, un manifestante detenido el sábado junto a su esposa tras abandonar una marcha cívica que exigió la «liberación de los presos políticos», entre los que se encuentra su hija, dirigente estudiantil de León (occidente) apresada en agosto.
En tanto, medios locales informaron hoy que al menos 24 dirigentes estudiantiles del Movimiento 19 de Abril (M19A), que encabeza las protestas contra el Gobierno, están encarcelados en Nicaragua y podrían enfrentar hasta 68 años de prisión.
La mayoría de los encarcelados son jóvenes que han sido acusados por terrorismo al amparo de una ley hecha a la medida del Gobierno y aprobada en junio -tres meses después de iniciada la crisis política- por el Congreso unicameral que domina el gobernante Frente Sandinista.
El activista del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente), Gonzalo Carrión, denunció hoy que en Nicaragua existen «casi 500 presos políticos», de los cuales un poco más de 300 están judicializados, mientras los demás están «detenidos ilegalmente» al no contar con una acusación.
En entrevista con el programa «Café con voz», Carrión lamentó que mientras la policía se empeña en capturar y criminalizar a manifestantes opositores, a la fecha «no exista un solo paramilitar ni agente del Estado enjuiciado por los asesinatos» ocurridos desde que inició la crisis en abril.
La crisis en Nicaragua ha dejado 198 muertos según Ortega, pero ONG de derechos humanos aseguran que se contabilizan 480 muertos y casi 3.000 heridos, en su mayoría jóvenes que murieron a manos de la policías y paramilitares.
Por Johnny Cajina (dpa)
