Managua, 6 nov (dpa) – Defensores de derechos humanos de Nicaragua denunciaron hoy que fueron agredidos por la Policía mientras realizaban una protesta en favor de manifestantes presos frente a la sede del Poder Judicial en Managua, la capital.
Vilma Núñez, presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo a dpa que efectivos antimotines rodearon a seis miembros de la agrupación que asistieron al «plantón» para apoyar a familiares de personas detenidas.
«Fuimos agredidos por la Policía, nos arrebataron la manta (pancarta de tela) y los antimotines prácticamente ocuparon la entrada» al edificio judicial, agregó la abogada Núñez.
Los incidentes ocurrieron frente a la sede de los juzgados en Managua, donde este martes se programó un juicio contra dirigentes estudiantiles y líderes campesinos arrestados por participar en recientes protestas contra el Gobierno.
Los hechos motivaron mensajes de repudio de Amnistía Internacional (AI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
«Denunciamos el acoso y hostigamiento de la Policía de Nicaragua en contra de familiares de personas detenidas arbitrariamente por el gobierno de (el presidente Daniel) Ortega, y las ONGs y personas defensoras de DDHH que les acompañan, incluido el @Cenidh. Exigimos se respeten sus derechos», escribió en su cuenta de Twitter Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas.
«#MESENI de la @CIDH repudia la fuerte y desproporcionada presencia de Policía Antimotines que estableció un cordón policial contra integrantes del @CENIDH y otras organizaciones sociales que manifestaban frente al Complejo Judicial de Managua hoy por la mañana #Nicaragua», tuiteó por su parte la Comisión de la OEA.
La Policía no emitió ninguna información sobre lo ocurrido.
El juicio a los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Silvio Pineda y Orlando Pineda, que iba a iniciar este martes, fue reprogramado para el 13 de noviembre, por cuarta vez y a petición de la defensa.
El abogado defensor Julio Montenegro reiteró que Mairena y Mena le dijeron que están sometidos a condiciones inhumanas en el penal conocido como «El Infiernillo», donde permanecen encadenados la mayor parte del día, según aseguraron.
Ellos están «en un espacio muy pequeño, no los sacan a tomar sol, no los dejan hacer deportes y hay situaciones calamitosas con la comida. Hay una situación quizás no de golpiza, pero si una situación de encierro y encadenamiento», señaló Montenegro.
El país vive una crisis que estalló en abril con protestas estudiantiles que se multiplicaron tras la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares, la cual dejó 200 muertos según el Gobierno aunque la CIDH contabiliza 325 y ONGs de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 528.
El Gobierno de Daniel Ortega acusa a sus opositores de ser «golpistas» y «terroristas» y de pretender su derrocamiento. La cifra oficial de personas detenidas desde abril es de 273, aunque la oposición asegura que supera las 500.
Mientras, la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que permaneció ocupada 52 días por estudiantes, reinició hoy las clases bajo un fuerte dispositivo de vigilancia policial.
Varias camionetas con efectivos antimotines patrullaron este martes los alrededores de la UPOLI en el sector norte de Managua sin que se produjeran incidentes, según constató dpa.
La UPOLI suspendió sus clases el 19 de abril, cuando estudiantes que protestaban contra el Gobierno se atrincheraron en la universidad. Policías y paramilitares intentaron desalojarlos varias veces, causando decenas de heridos y muertos.
El Gobierno se ha empeñado en normalizar la actividad en las cuatro grandes universidades públicas. No obstante, la afluencia de alumnos es todavía muy inferior a la registrada antes de abril, dijeron alumnos y docentes consultados.
De acuerdo al último informe de la CIDH, unos 52.000 nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, ingresaron a Costa Rica desde abril buscando refugio.
La crisis es tan grave que el país podría tardar hasta cinco años en normalizar la actividad turística, consideró hoy Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo (CANATUR).
Valenti dijo al canal 100% Noticias que a causa del conflicto más de 600.000 turistas dejaron de visitar Nicaragua este año, lo que ha provocado pérdidas superiores a los 230 millones de dólares.
«Considero que tardaremos de tres a cinco años en recuperar la confianza del turismo internacional en Nicaragua, que el turista se atreva a incluirnos como un país estable y seguro», afirmó Valenti.
Comentó que hasta abril Nicaragua era un destino muy atractivo al turismo internacional, y que los ingresos del sector totalizaron en 2017 unos 700 millones de dólares, equivalente al 14 por ciento de las exportaciones totales del país.
Durante las protestas, policías y paramilitares realizaron capturas y redadas en las ciudades del país e incluso en sitios turísticos de playa y de montaña, provocando la huida de los turistas
Ya en agosto, CANATUR reportaba pérdidas de 230 millones de dólares y de 70.000 de los 120.000 empleos del sector, debido al cierre de centenares de pequeños hoteles, bares y restaurantes.
Por Gabriela Selser (dpa)
