Estrasburgo, 17 may (dpa) – Unos 400 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) están llamados a votar a los miembros del Parlamento Europeo para los próximos cinco años, en las octavas elecciones que se celebran desde 1979:
– Reino Unido y Holanda votan ya el 22 de mayo (jueves), mientras que el resto de países les siguen en los días posteriores, la mayoría el domingo 25. Los resultados se conocerán esa misma noche.
– La Eurocámara tendrá 751 diputados, frente a los 766 actuales tras la entrada al bloque de Croacia.
– El país que más representantes elige es Alemania con 96, seguido de Francia, con 74. España envía a Estrasburgo a 54 legisladores. Luxemburgo, Estonia, Chipre y Malta son los que menos diputados tendrán, cada uno con seis. Cada país tiene una cuota asignada según su población. Los ciudadanos votan en sus propios territorios de acuerdo con la ley electoral local.
– En la actualidad hay siete grupos parlamentarios, pero tras los comicios podría sumarse una alianza de partidos populistas de derecha. Para poder formar una fracción hacen falta 25 eurodiputados de siete países.
– El Parlamento tiene importantes competencias en la legislación europea. Tiene que aprobar el presupuesto anual de la UE, así como el marco financiero, que abarca varios años.
– El resultado será decisivo por primera vez también para determinar el futuro presidente de la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE. Para elegir a un candidato, éste tiene que tener el apoyo de una mayoría absoluta de diputados, 376. Se espera que este año esta novedad atraiga una mayor participación electoral, porque se teme que una baja cifra de votantes beneficie a los partidos euroescépticos, lo que redundaría en una cámara más fraccionada y menos cooperativa para los próximos años.
– La sede oficial del Parlamento es Estrasburgo, donde tienen lugar las doce sesiones plenarias mensuales. Además hay otras sesiones en Bruselas, donde se reúnen además los comités parlamentarios.
– Los viajes de ida y vuelta entre Bruselas y Estrasburgo le cuestan a los ciudadanos unos 200 millones de euros al año, según los críticos.
