Categoría: Economía

Las medidas de protección para los deudores hipotecarios vulnerables puestas en marcha en 2012 han beneficiado a cerca de 88.000 familias. Entre ellas, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 51.071 beneficiarios (hasta octubre de este año) hayan reestructurado su deuda hipotecaria.

En los casi seis años de vigencia del CBP se han realizado 43.607 reestructuraciones viables, 7.456 daciones en pago y ocho quitas. Por su lado, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha permitido la realización de más de 9.000 contratos de alquiler (cierre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de más de 27.800 desahucios (hasta diciembre de 2017).

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso de los Diputados que la reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual (un 60% menos entre julio y septiembre respecto a un año antes y un 84% menos desde el segundo trimestre de 2014, el punto más álgido) «está siendo espectacular». De Guindos achaca esta reducción en gran medida a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la «vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo».

El CBP, junto con el FSV y la suspensión de lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Gobierno desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de dar una respuesta rápida y contundente al drama de los desahucios.

El CBP se aprobó en marzo de 2012 con la finalidad de dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en desempleo o por ausencia de ingresos. Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada, se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible. Se trata de un Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, que en la actualidad son la mayoría.

Por otro lado, la suspensión de lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad. El Gobierno ha impulsado este año la prórroga de esta medida hasta 2020 y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables. El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler a precio reducido.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha valorado positivamente los resultados obtenidos por España en las negociaciones para el reparto de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para el año 2018, alcanzado por los ministros de Pesca de la Unión Europea, reunidos en Bruselas.

​Así, gracias al rigor que ha mostrado la Administración española en las negociaciones, sumado al ejercicio responsable de nuestra flota y los informes científicos y socioeconómicos aportados, se han logrado mejoras sustanciales con respecto a las duras propuestas iniciales de la Comisión, para las especies de especial interés pesquero para España.

De esta forma, se ha conseguido el mantenimiento de la cuota de boquerón del Golfo de Cádiz, lo que dará estabilidad a una flota altamente dependiente de este stock.

Con respecto a la anchoa del Golfo de Vizcaya, los pescadores del Cantábrico dispondrán de idéntica cuota que en 2017, lo que refleja la plena recuperación de este stock.

Además, las posibilidades de pesca del jurel del oeste suben un 21%, tanto en aguas del norte (Gran Sol) como en el Cantábrico, lo que permite su plena explotación bajo rendimiento máximo sostenible. Gracias a este incremento, la pesquería de jurel en su conjunto se ha mantenido, a pesar de la bajada del 24% del jurel sur, para adecuarlo al rendimiento máximo sostenible. Además, España ha conseguido que se pueda aumentar la flexibilidad entre zonas del 5% al 15%, a expensas del informe del ICES (Consejo Internacional para la Explotación del Mar), con lo que ambos stocks quedarían compensados.

Mientras, el stock de merluza norte desciende un 7%, en línea con el consejo de ICES, en contra de la propuesta inicial de la Comisión que situaba ese descenso en el 30%.

En relación a la merluza sur, España ha conseguido que la Comisión retrase la consecución del rendimiento máximo sostenible a 2019. Ello implica una reducción del 12%, frente a la propuesta de bajada del 30% presentada por la Comisión.

De igual forma, se ha conseguido mantener las cuotas de los rapes y gallos del norte, frente a las propuestas iniciales de recorte. También se mantiene la cuota de rape sur, mientras que sube un 20% la de gallo sur.

Por otra parte, destaca el incremento del 15% de la cuota de rayas, que permitirá una mejor gestión de la actividad de esta pesquería complementaria para numerosos barcos, en especial, para la flota artesanal en el Cantábrico noroeste. Otra de las especies que también mantiene su cuota son los abadejos.

En cuanto a la cigala del Golfo de Cádiz, además de conseguirse una subida del 15% del TAC, se han construido las bases para una futura gestión por unidades funcionales, de acuerdo a las recomendaciones científicas. Asimismo, para la cigala del Cantábrico, se ha logrado que ICES revise su propuesta para poder reabrir la pesquería con fines científicos, mediante campañas con barcos comerciales.

Por último, las medidas de emergencia propuestas para la gestión de la anguila se han materializado únicamente en un cierre temporal de la pesquería, que no afectará a la actividad en España.

Con estos resultados, España acredita su compromiso con los pilares ambiental, social y económico de la sostenibilidad en la Política Pesquera Común.

La abogada Rita Reyes Ríos, Manager Director de Ip©nior, incorpora un área específica cuyo objeto es asesorar a emprendedores y startups en materia de activos intangibles, bajo la operativa de un departamento interno (in-house).

Con esta consolidación estratégica sobre la cual se lleva planificando los últimos meses de la mano de UrbanLab Madrid y Coopera Technologies Barcelona, Rita Reyes Ríos cierra el círculo de necesidades en materia de asesoramiento jurídico de propiedad industrial e intelectual (o IP en sus siglas en inglés), ofreciendo un servicio completo que abarca tanto el registro de marcas, patentes y diseños, como el acompañamiento del emprendedor a gestionar y defender sus activos intangibles.

Explica Rita que es muy frecuente advertir cómo modelos de negocios de éxito no protegen sus bienes intangibles. Por ejemplo, las marcas que usan en la publicidad, plan de marketing y web no se hallan registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a fin de prevenir eventuales copias o que terceros se adelanten en el registro. Éste es un error muy común en emprendedores que salen al mercado enfocados en un producto o servicio de alta calidad sin ser conscientes del riesgo que supone perder el diseño o logo en el que están invirtiendo tiempo y esfuerzo.

Otro error habitual del emprendedor creativo o inventor es desarrollar un producto, utensilio o maquinaria, que podría ser patentable, pero, tras hacer público su invento antes de solicitar la patente, pierde toda posibilidad de protección. Explica Rita Reyes Ríos, experta en patentes, es indispensable transmitir conceptos básicos de patentabilidad y protección de creaciones a los jóvenes talentos que desean explotar su invención y desconocen esta área estratégica.

Por ejemplo, una Patente de Invención puede ser un procedimiento o un objeto, siempre que implique una novedad (no divulgación) a nivel mundial, posea actividad inventiva y tenga aplicación industrial. No todas las invenciones son patentables, pero existen otras modalidades de protección como son el Modelo de Utilidad, el Diseño o el Derecho de Autor.

Realizar el registro de la patente o modelo de utilidad de un invento tiene una gran importancia ya que es un título que otorga el Estado y que da al titular el derecho de impedir a terceros la fabricación y comercialización del invento en el territorio. Es decir, patentar garantiza la exclusividad en la fabricación y venta del producto en el territorio protegido.

¿Pero cuál es la diferencia entre la patente o modelo de utilidad?
Una patente protege invenciones que tienen por objeto un producto (sustancia o composición), una máquina (dispositivo o sistema), un procedimiento (método) o un uso (aplicación). La duración de la patente es de veinte años a nivel nacional desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Un modelo de utilidad tiene menor exigencia inventiva que las patentes y pueden proteger una mejora de un aparato o herramienta ya existente. Puede ser objeto de un modelo de utilidad un dispositivo, un utensilio o una parte del mismo, pero nunca un producto químico, alimentario o un procedimiento. La duración del modelo de utilidad es de diez años a nivel nacional desde la fecha de presentación de la solicitud.

Conociendo las características del sector, Ip©nior ha diseñado un nuevo modelo de asesoramiento al emprendedor para que sienta la confianza de poder requerir colaboración en materia de propiedad industrial todas las veces que sea necesario con la sinergia propia de un departamento interno de empresa (in-house).

Rita Reyes Ríos comenzó sus andaduras dentro del mundo IP en Clarke, Modet & Co, una de las mejores agencias de propiedad industrial de España. Posteriormente, fue examinadora de marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Venezuela (SAPI), hasta completar su formación dentro del área con el Magister Lvcentivs (Universidad de Alicante). Se inició en el mundo de las patentes de la mano de Lluis Torrents (Torrents & Advocats), hasta formar parte del equipo de IP de Amat&Vidal-Quadras. Toda esta experiencia nacional e internacional le valió para fundar Ip©nior, una red de profesionales Senior especializados en propiedad industrial e intelectual dirigida a prestar servicios jurídicos externalizados.