Categoría: Economía

Según el estudio desarrollado por servihabitat, el 22% de los españoles vive en régimen de alquiler. Se prevé que en el próximo año se incrementaráel número de operaciones de alquileres respecto a la compraventa. El precio de los alquileres en los tres últimos años ha subido más que el de los inmuebles en propiedad. El sector inmobiliario está evolucionando, por lo que la oferta se ha visto afectada para dar respuesta a los cambios del mercado de alquiler. Cada vez es más normal alquilar en lugar de comprar vivienda. Una de las tendencias que más se destaca es compartir piso, nos explica Guillermo, CEO de Beroomers. Entre los que comparten se encuentran los estudiantes, erasmus, jóvenes trabajadores, expatriados e incluso familias.

Esta información hace plantearse los beneficios que aporta el alquiler compartido de piso. Alquilar una casa por habitaciones puede generar de media un 30% más de ingresos frente al alquiler de un piso entero, sobretodo en pisos de 3 o más habitaciones. Por lo que, resulta más rentable alquilar pisos a estudiantes y a erasmus que a familias, ya que los primeros mayoritariamente comparten piso y los segundo no.

Según el estudio previamente citado, el precio medio del alquiler en España para una vivienda de 80/90 m² es de 620€ y la rentabilidad bruta media es de 5,5%. Este hecho, ha disparado el número de propietarios que apuestan por alquilar sus viviendas. Sobre todo, los que se sitúan en las grandes ciudades donde existen más universidades, es decir mayor número de estudiantes españoles y erasmus.

Muchos de los propietarios se preguntan si es más rentable alquilar sus pisos a turistas o a estudiantes. La respuesta varía según la experiencia de cada propietario pero, hay que tener en cuenta que el alquiler a turistas es ocasional, mientras que el alquiler a estudiantes suele ser a medio o largo plazo, y que el coste de gestionar un piso por noches para turistas es mucho más elevado que gestionarlo a medio o largo plazo. Además, de los beneficios económicos de alquilar a medio o largo plazo también existen otros como el del mantenimiento de la propiedad. Cuando los estudiantes pasan varios meses en el mismo piso suelen sentirlo como su propio hogar y cuidan el mobiliario más que los turistas, ya que estos pasan unos pocos días en un alojamiento el cual no cuidan demasiado.

Un punto importante a tener en cuenta es que, alquilando un piso a estudiantes o erasmus puedes controlar la disponibilidad y esta suele coincidir con los meses académicos. Lo bueno de esto, es que los propietarios pueden asegurarse unos 10 meses de alquiler y saben que arrendar la propiedad a estudiantes es completamente fiable, debido a que son los padres los que (casi siempre) aportan el dinero.

A modo conclusión, el alquiler turístico da la sensación de que da a los propietarios mayores beneficios, pero lo cierto es que al alquilar en media estancia por habitaciones la rentabilidad puede ser incluso mayor. El arrendamiento turístico tiene la “desventaja” de que el propietario debe dedicarle mayor tiempo debido a la alta rotación de los turistas, también existe la incertidumbre de no tener clara la disponibilidad. Por lo que, si se es propietario y se esta pensando en alquilar una vivienda es una buena opción hacerlo a medio/largo plazo y por habitaciones.

Una de las mejores plataformas para alquilar tu alojamiento para propietarios o para encontrar habitación, piso o residencia es Beroomers. Es una web global de alojamiento de media estancia dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales. Ofrecen una plataforma segura donde reservar online el alojamiento de forma sencilla y segura.

A pocos días de concluir 2017, la Fundación Adecco presenta los resultados del informe “¿Qué 3 deseos le pides al nuevo año?”,basados en una encuesta a 800 personas con discapacidad. El objetivo de este análisis ha sido identificar las aspiraciones, necesidades y reivindicaciones principales de un segmento de la población manifiestamente heterogéneo, pero que se torna homogéneo cuando se les pregunta por sus deseos para el año venidero. Así, el 92%ha mencionado la salud como uno de sus principales anhelos para 2018; seguidos de un 85% que pide un empleo adecuado a sus necesidades y un 76% que reivindica normalización, igualdad de oportunidades y justica social.

En cuarto lugar, los encuestados han mencionado deseos relacionados con el bienestar de su familia (44%), mientras que un 41% ha hecho referencia a la Accesibilidad, no sólo arquitectónica, sino cognitiva, tecnológica, web, etc. Es decir: Accesibilidad Universal. Por último, un 38% pide por el mundo: fin de guerras, erradicación del terrorismo, etc.

El segundo deseo más repetido vuelve a ser el empleo. Sin embargo, no pocas respuestas han añadido a este activo adjetivos como “adecuado”, “justo” o “equitativo”. En otras palabras: las personas con discapacidad quieren trabajar y hacerlo en igualdad de condiciones. Según una de las encuestadas, de 47 años: “si te contratan porque tienes discapacidad, se te etiqueta para toda la vida y luego es muy difícil promocionar”. En la misma línea, un hombre de 50 años comenta que: “tuve un accidente que me impide desarrollar mi profesión habitual y ahora tengo que reciclarme, pero a la hora de la verdad no encuentro oportunidades reales”.

«Dejar de ser un beneficio fiscal»

Si bien el deseo más repetido ha sido la salud, el segundo y el tercero en la lista (empleo y normalización) evidencian una conclusión: los encuestados quieren que la sociedad y las empresas reconozcan su potencial, a través de una visión renovada de la discapacidad. Entre las respuestas, destacan los comentarios que piden disolver la asociación entre discapacidad y conceptos negativos como «menor productividad» o «absentismo»; pero también con otros insidiosos términos como «beneficios fiscales», «RSC» o «filantropía empresarial». (1)

Otras de las respuestas destacadas han sido:»que las empresas nos miren con respeto, no con interés» o «que podamos aspirar a puestos de responsabilidad sin que la discapacidad sea un impedimento».

Traducido a cifras, un 80% opina que no se les contrata por su talento, sino por cumplir con las cuotas que marca la legislación o reducir las cargas fiscales.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: «Contratar a una persona con discapacidad por cubrir el expediente o por las exenciones fiscales no es sostenible en el tiempo, pues son estímulos muy cortoplacistas. Lo que verdaderamente perdura es el convencimiento de que cuentan con las mismas capacidades y competencias que cualquier otro profesional, siendo la discapacidad una circunstancia y no un estigma».

En la misma línea, Mesonero recalca que: «es hora de apostar por el #TalentoSinEtiquetas, poner el foco en la formación, la experiencia y vivencias del profesional, olvidando datos que no dicen nada de su productividad como puede ser el hecho de tener una discapacidad. No es sólo una cuestión de justicia social, es un modo de pensar que hará más competitiva nuestra economía».

Récord en la contratación de personas con discapacidad

El empleo de las personas con discapacidad ha seguido una tendencia ascendente en los últimos años, alcanzando, durante varios años consecutivos, un máximo histórico en el volumen de contratos. 2017 no será una excepción y volverá a finalizar con un nuevo récord. De hecho, entre enero y noviembre las personas con discapacidad ya han firmado 102.398 contratos, cifra que supera la total de 2016, cuando se contabilizaron 98.802 contratos.

Este incremento en la contratación es un indicador de la mejora global del empleo de las personas con discapacidad; sin embargo, aún se está lejos de alcanzar las cotas deseables de normalización, si se atiende a la tasa de actividad (35,2%). Este porcentaje refleja que el 64,8% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, por diferentes motivos, entre otros:

-En primer lugar, la sobreprotección hacia muchas personas con discapacidad desde la infancia. En ocasiones, las familias ofrecen una excesiva protección a su hijo/a con discapacidad, sin dejarle desenvolverse por sí mismo. Ello finalmente supone un obstáculo para su autonomía y, cuando llegan a la edad laboral, carecen de recursos para el empleo.

-Desconocimiento de las propias personas con discapacidad a la hora de afrontar la búsqueda de empleo. En ocasiones, carecen de herramientas, recursos y asesoramiento para encontrar una ocupación que se ajuste a sus circunstancias.

-Miedo de las personas con discapacidad: temor al rechazo y a no saber desenvolverse en una entrevista o empresa. Este temor se convierte en un freno para buscar trabajo y conduce a la inactividad.

-Estereotipos y falsas creencias en las propias empresas: pueden rechazar a una persona con discapacidad al presuponer que su adaptación va tener un coste elevado, que no va a saber desenvolverse o que el trabajo es “incompatible” con la discapacidad. Todas estas creencias parten del desconocimiento, pero pueden llevar a las personas con discapacidad a retirarse del mercado laboral, al disminuir su autoestima, una vez son rechazadas.

-Políticas pasivas de empleo. Algunas personas con discapacidad reciben prestaciones públicas que, si bien garantizan unos recursos mínimos, podrían fomentar un estado de inactividad en el que la persona con discapacidad decide no buscar empleo.

Preguntados los encuestados por medidas para incentivar la participación en el empleo de las personas con discapacidad, la mayor parte (36%) cree que habría que actuar sobre las empresas, incrementando la sensibilización y las ayudas a la contratación. Por el contrario, un 32% opina que la ayuda debe orientarse a las personas con discapacidad, con recursos formativos y de apoyo que les acerquen al empleo. Por último, un 24% considera que la mejor solución es abordar el reto desde la infancia, con educación inclusiva y equitativa desde edades tempranas, para evitar la futura discriminación.

(1) Entrecomillados extraídos de algunas respuestas de los encuestados.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley Urbanística para un Urbanismo Sostenible en Andalucía, que sustituirá a la vigente sobre esta materia desde 2003. Entre sus principales novedades, destaca la reorganización del sistema de instrumentos urbanísticos para reforzar la sostenibilidad y la protección del suelo rústico, contribuir a la reactivación económica y agilizar y simplificar los procedimientos. De este modo, el tiempo de medio tramitación del planeamiento general podrá reducirse de los 8-10 años actuales a los 3-4.

La nueva configuración de la planificación urbanística se basará en dos figuras, creadas a partir la división del actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en función de las competencias.

El primero de estos instrumentos es el Plan General de Ordenación Estructural (PGOE), que deberá ser aprobado por la Administración autonómica y en el que se define el modelo de ciudad a medio y largo plazo, además de establecer las clases y categorías de suelo, zonas y usos y edificabilidades globales; los sistemas generales; las previsiones de vivienda protegida, y los elementos de especial protección.

Las previsiones del PGOE se concretarán en la segunda de las figuras, el Plan Municipal de Ordenación Urbana (PMOU), de atribución exclusiva de las corporaciones locales, que organizará la programación detallada del suelo urbano a corto y medio plazo.

En cuanto al resto del sistema, se crea el Estudio de Ordenación, destinado a modificaciones de parcelas concretas, y se mantienen los planes Parcial y Especial; el Estudio de Detalle; el Catalogo; las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, y las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística.

En el procedimiento de planificación, la principal medida de agilización es la de trasladar al principio del proceso los trámites de petición de información a las administraciones públicas y de incorporación de las sugerencias de la ciudadanía, que pasan a formar parte del material con el que se elabora el borrador inicial del plan Ordenación Estructural.

Respecto a la sostenibilidad, el anteproyecto incorpora nuevos principios básicos que deberán aplicarse en el desarrollo de cualquier actividad urbanística e integrarse en todos los instrumentos de planeamiento. Destaca así la especial atención que se presta a la preservación del suelo rústico, que pasa a englobar las anteriores categorías de no urbanizable: hábitat rural diseminado; común, y especialmente protegido. A esta última, vinculada a valores paisajísticos, culturales y naturales, se le da un mayor protagonismo que en la actual ley. Además, se promueve la continuidad entre espacios y zonas verdes de interconexión con las zonas periurbanas, como huertos urbanos.

Espacios verdes

En la misma línea, se introduce en el planeamiento el concepto de espacio verde urbano vinculado al papel que los enclaves arbolados de la ciudad pueden desempeñar en la absorción del dióxido de carbono. En este sentido, la planificación urbana establecerá las medidas necesarias para alcanzar un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante, calculado sobre el total de población prevista en el PGOE. Asimismo, la superficie de espacio verde urbano será de al menos un 20% de la total del espacio público urbano en los diferentes ámbitos de suelo urbano y urbanizable.

En la categoría de los suelos urbanos, el anteproyecto define con mayor claridad su condición frente a los pendientes de consolidar, mientras que los urbanizables se conciben como zonas potenciales de crecimiento a las que municipio recurrirá sólo cuando no pueda dar respuesta a sus necesidades en la ciudad ya existente, a cuyo aprovechamiento se otorga prioridad.

En la comparación con la actual ley, el nuevo texto resta complejidad en la regulación y también se adecua a últimas modificaciones de las normas estatales y autonómicas que inciden sobre la actividad urbanística. Entre las primeras destaca el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en vigor desde octubre de 2015, que incorpora la nueva legislación de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas aprobada en 2013. En relación con la normativa de la comunidad autónoma, la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha sido modificada en más de diez ocasiones desde su entrada en vigor en 2003. El cambio más relevante, que se traslada al anteproyecto, fue el aprobado por el Parlamento andaluz en 2016 para introducir medidas de simplificación y unificación normativa. También se recogen las modificaciones que se produjeron en relación con las edificaciones irregulares en suelo no urbanizable.

Igualmente, el borrador presentado hoy al Consejo se adapta al documento de compromiso con la reactivación económica y el crecimiento sostenible suscrito en diciembre de 2016 con los agentes sociales, los colegios profesionales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y en el que se incluye un decálogo de medidas para agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos.

El anteproyecto de ley ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio después de las preceptivas consultas públicas y de un periodo de participación pública para la revisión de la actual LOUA, que ha contado con la participación de ayuntamientos, colegios de profesionales, partidos políticos, empresarios, sindicatos y consumidores y usuarios, entre otros agentes.