La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha expresado su «preocupación» por el plazo medio de pago a proveedores del Estado al haber aumentado un 3% en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, debido en parte a la interinidad del Gobierno.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha explicado que la situación de un Gobierno en funciones «ha ido ralentizando todo tipo de toma de decisiones, en muchos casos decisivas para la liquidez de las pymes y autónomos» y también ha estado «pasando factura» en el comportamiento de pago a proveedores de las comunidades autónomas.
Según los últimos datos oficiales, la Administración Autonómica ha pasado de pagar de media a sus proveedores de 71 días en enero a 76 días en junio, lo que supone un incremento del 7%.
Las comunidades autónomas contaban con recibir el dinero de la corrección del déficit público (4.000 millones de euros). Sin embargo, «hasta finales de octubre han estado esperando el desbloqueo, por lo que desde la PMcM lamentan que haya llegado «tan tarde» y esperan que esto no provoque que opten por cuadrar sus balances «dilatando los plazos de pago».
La PMcM confía en que las comunidades autónomas dediquen de inmediato gran parte de estos fondos a poner al día los pagos a sus proveedores, especialmente las comunidades intervenidas o advertidas por Hacienda, como Aragón, Extremadura, Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana.
«De no ser así, podría producirse cierta pérdida de competitividad y viabilidad de nuestras empresas y país. No podemos tolerar una involución, ya que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas. Esperamos que con este nuevo panorama, y si el nuevo Gobierno continúa como en su anterior etapa mejorando los plazos de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas, se vuelva a la senda descendente de los últimos años», manifiesta Cañete.
JUSTICIA, ECONOMÍA Y ASUNTOS EXTERIORES EMPEORAN
Entre julio y septiembre, el Estado ha pagado 757.554 millones de euros en facturas de bienes y servicios e inversiones a unos 59 días de media, lo que supone un aumento del 3% en el plazo medio de pago con respecto al trimestre anterior.
Además, la plataforma constata un «claro empeoramiento» en el comportamiento de pago en determinados ministerios, como es el caso de Justicia, Economía y Competitividad y Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Según los registros elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para el Ministerio de Hacienda se ha experimentado un aumento del plazo de pago del 4% en los dos capítulos: en el relativo al pago a proveedores de bienes y servicios corrientes (facturas de gastos corrientes), y en el de inversiones reales (especialmente referido a las subcontratas).
Por su parte, aumentaron considerablemente sus plazos de pago los Ministerios de Justicia (un 27% en el capítulo 2), el de Economía y Competitividad (un 22% en el capítulo 2 y un 25% en el capítulo 6), y el de Asuntos Exteriores y de Cooperación (un 40% en el capítulo 6).
De los dos capítulos, el que peor plazo de pago registró en conjunto fue el referido a los pagos de facturas de gastos corrientes de bienes y servicios, con una media de 63 días, un 4% más que en el trimestre anterior.
DESCENSO PAULATINO PERO «DEMASIADO LENTO»
El empeoramiento de los plazos de pago de las administraciones públicas se enmarca dentro de una «clara tendencia descendente» en los últimos años, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, con lo que se mejoró la competitividad y productividad de las empresas, destaca la plataforma.
No obstante, la PMcM opina que el descenso paulatino que se ha venido produciendo lo ha hecho de forma «lenta, por lo que reclama el cumplimiento de los plazos de pago dentro del plazo máximo de 30 días que establece la Ley para las administraciones públicas.
METODOLOGÍA INVESTIGADA POR BRUSELAS
Asimismo, la PMcM ha indicado que el ministerio publica siempre los datos del número en concreto de días que exceden del plazo máximo legal permitido. Por ello, a las cifras que arrojan la institución pública hay que sumarles otros 30 días (de plazo máximo legal permitido) para obtener así el plazo medio de pago real.
Precisamente, esta metodología puesta en marcha por el Gobierno de España para calcular los plazos de pago de las administraciones públicas está siendo investigada por la Unión Europea. «Esperamos que se pronuncie pronto para acabar cuanto antes con esta forma perversa de cálculo», confía Cañete.
Asimismo, la PMcM también está pendiente de recibir respuesta por parte de la institución europea sobre la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad.
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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha expresado su «preocupación» por el plazo medio de pago a proveedores del Estado al haber aumentado un 3% en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, debido en parte a la interinidad del Gobierno.
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