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Hwang Woo-suk publicó en la revista Science una investigación asombrosa, en la que había conseguido clonar células madre embrionarias de origen humano por primera vez. Sus resultados abrían la puerta a hipotéticos tratamientos contra el alzhéimer, la diabetes o el párkinson. Pero todo era mentira. Sus conclusiones, en realidad, habían sido manipuladas. El investigador coreano, que recibió millones de dólares para continuar sus estudios, había engañado a todo el mundo. El caso de Woo-suk fue uno de los más sonados de fraude científico. Por desgracia, no ha sido el único.

El fraude científico se ha multiplicado por diez en España desde 1975

A diario, miles de investigadores en todo el mundo trabajan para generar conocimiento y desarrollar invenciones con múltiples aplicaciones en medicina, computación, energía, alimentación o agricultura, entre otros campos. Una minoría, sin embargo, optan por manipular sus datos, plagiar otros trabajos o recibir presiones externas que no garantizan su independencia. Según datos recogidos por la Fundación Rafael del Pino y el CSIC, el fraude científico se ha incrementado diez veces desde 1975, poniendo en riesgo el progreso de la investigación.

Fraude, minoritario pero dañino

Pero, ¿cómo se puede definir el fraude? Según Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología, «los científicos, como otros colectivos, solo tenemos, de verdad, nuestra integridad profesional y credibilidad. Si engañamos ya no hay vuelta atrás. No existe remedio. Podrás ser lo que quieras el resto de tu vida, pero ya nunca más científico. Los atajos se pagan muy caros en esta profesión». Las sospechas sobre posibles casos de fraude o conductas poco éticas han saltado en casos como el de Susana González, despedida del CNIO, o Manel Esteller, que supuestamente hizo la vista gorda con una posible manipulación de resultados por parte una doctoranda suya.

La mala praxis científica no sólo afecta a la comunidad investigadora, sino que también puede perjudicar directamente a la sociedad. La publicidad de productos como Reticare, que usa el reclamo de la Universidad Complutense de Madrid para valorar un filtro que no cuenta con evidencia suficiente para proteger de una hipotética luz dañina de las pantallas, o las intervenciones del cirujano Paolo Macchiarini ponen en tela de juicio la integridad de los científicos. ¿Hay alguna forma de poner fin a estos escándalos, que sacuden el desarrollo normal de la actividad investigadora?

Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona ha publicado la ‘Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable’. En el informe, se plantea que, en el ámbito concreto de la investigación científica, la integridad se relaciona con los principios de honestidad (en el compromiso con la verdad), de independencia (en la preservación de la libertad de acción en relación con presiones exteriores a la profesión) y de imparcialidad (en la neutralidad de la práctica profesional en relación con intereses particulares, ajenos a la investigación).

Desde el año 2010, numerosas instituciones han elaborado propuestas específicas para promover y garantizar la integridad científica. Así, la ‘Declaración de Singapur sobre Integridad en Investigación’ (2010), el Código de ‘Conducta para la Integridad en Investigación de la Fundación para la Ciencia Europea / Academias Europeas ALLEA’ (2010) o la ‘Declaración de Montreal sobre Integridad en Investigación’ (2013) han sentado las bases para combatir el fraude científico y las conductas poco éticas en I+D. Según el informe presentado por la Universidad de Barcelona, el fraude se relacionaría únicamente con la fabricación de datos a través de resultados inventados, la falsificación mediante la manipulación de los estudios o de las conclusiones y el plagio a partir de la apropiación del trabajo intelectual de terceras personas a las que no se reconoce su autoría original.

Las prácticas cuestionables, por el contrario, abarcarían la práctica de investigación censurable, la conducta censurable relativa a datos, a publicaciones y de tipo personal o la conducta financiera, entre otras. El Observatorio de Bioética y Derecho sostiene que es difícil distinguir un fraude de una praxis poco ética, aunque estos fenómenos no sean tan novedosos como podrían parecer. Dentro de los factores que propician estas conductas, el documento recoge que hay parámetros de carácter individual (como la tendencia a la vanidad o el ansia de lograr reputación), factores organizativos (como inadecuada comunicación, falta de formación o carencia de políticas sólidas y equitativas) o razones estructurales (la presión por publicar, la lógica empresarial o los índices de citación pueden afectar negativamente a la I+D).

El gran problema del fraude y de las prácticas cuestionables es que no sólo dañan la imagen de la comunidad científica, frenan posibles avances y causan una pérdida de tiempo y dinero importante. Según el Observatorio de Bioética y Derecho, «las malas prácticas científicas no son un crimen sin víctimas e impactan negativamente en investigadores, participantes en investigación, instituciones, áreas de investigación, en la financiación disponible y, consecuentemente, en el conjunto de la sociedad». Uno de los casos más claros de estas malas conductas fue reflejado en el proyecto Hearing Voices, donde el periodista Michele Catanzaro impulsó una investigación para denunciar el uso de prácticas pseudocientíficas en la resolución de diversos casos judiciales. La declaración publicada ahora reclama la puesta en marcha de medidas para combatir el fraude y las prácticas éticamente cuestionables, especialmente por el daño que provocan en la sociedad:

Las malas prácticas científicas provocan unos efectos muy negativos en la ciudadanía: desconfianza, falta de interés por los procesos de creación del conocimiento y su transferencia a la sociedad. La excesiva normalidad con la que se asumen los desajustes entre teoría y práctica en integridad científica perjudica seriamente la imagen de la ciencia, debilitando la credibilidad y el rigor que la deben caracterizar.

La noticia «¿Cómo saber si un científico ha cometido un fraude?» fue publicada originalmente en Hipertextual.

El Gobierno de Asturias ha presentado hoy el Libro Blanco del Camino de Santiago, con el que el pretende revitalizar todos los itinerarios de la ruta jacobea a su paso por la comunidad. El texto incluye una decena de líneas de actuación y 80 medidas concretas con las que se pretende proteger, preservar, compartir y difundir este Patrimonio Mundial con la vista puesta en el próximo Año Santo Jacobeo de 2021. El Ejecutivo autonómico aprobará, antes de que finalice el año, un plan de inversiones para cada uno de los diez ejes de actuación definidos en el texto.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha presentado hoy este documento, junto con el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez; la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo; el vicario general, Jorge Juan Fernández Sangrador, y el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios.

El libro, el primero de estas características que elabora una comunidad autónoma, plantea unas líneas de actuación que inciden en la protección y gestión del Camino, su señalización y accesibilidad universal, su proyección internacional en las redes europeas del patrimonio y turismo cultural, su sostenibilidad, la potenciación de la red de albergues, y su papel como eje cultural y de innovación, entre otras acciones estratégicas.

El documento realiza un detallado análisis de la situación de una ruta que en Asturias atraviesa 36 concejos y cuenta con más de 518 kilómetros de vías reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC), que recorren los caminos Primitivo, Costero y de El Salvador, así como el enlace entre los dos primeros.

Las actuaciones llevadas a cabo en las últimas décadas, desde el Año Santo Jacobeo de 1993 hasta la declaración como Patrimonio Mundial en 2014, sirven de base para plantear las nuevas necesidades del Camino de Santiago, que debe adaptarse al uso de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio y al creciente interés que despierta el turismo cultural.

Las 80 medidas que se proponen en el Libro Blanco avanzan en ese sentido. Como punto de partida, se plantea la creación de una plataforma digital, con un visor geográfico que permita detectar puntos negros y ofrecer al peregrino información actualizada sobre el estado de la ruta. La extensión de las redes wifi y de telefonía en las zonas de paso, además del impulso al desarrollo de aplicaciones digitales y la presencia del Camino en redes sociales, son algunas de las acciones que inciden en la modernización tecnológica de la ruta jacobea.

La protección y señalización de los tramos cuenta con distintas medidas, como la elaboración de un plan especial supramunicipal de protección del Camino, el registro de las marcas identificativas y la aprobación de un manual de señalización coherente con la situación en el resto de comunidades autónomas. Como referencia y justificación de estas acciones, en Asturias existen actualmente 2.177 señales identificativas de la ruta con distintos diseños.

La necesidad de agilizar los trámites sobre actuaciones en el ámbito de protección, así como la elaboración de una guía de accesibilidad de las rutas jacobeas que favorezca el paso de personas con discapacidad, figuran también entre las medidas.

La marca Albergue de peregrinos

El documento plantea, además, la regulación de los alojamientos y la creación de la marca Albergue de peregrinos, de uso exclusivo en centros homologados. Actualmente, Asturias cuenta con 30 albergues, con un total de 745 plazas. El análisis de los datos de pernoctaciones revela un exponencial crecimiento en las dos últimas décadas. Por ejemplo, el Camino de la Costa ha pasado de 1.640 pernoctaciones en 2000 a 33.504 en 2015. Estas cifras avalan la necesidad de regular y mejorar este tipo de servicios.

La creación de un centro asturiano de documentación del Camino de Santiago, un programa anual de apertura de monumentos adaptado a los horarios de paso de los peregrinos, el refuerzo de la presencia de las rutas en los museos o su incorporación al currículo educativo oficial de Secundaria y Bachillerato se encuentran también entre las medidas que el Gobierno de Asturias prevé poner en marcha.

En cuanto a la proyección nacional e internacional, una de las acciones que se proponen es el desarrollo de un plan anual de promoción turística y acuerdos con instituciones como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española.

Como datos relevantes, el documento detalla los más de 400 elementos identificados dentro del Camino de Santiago, que incluyen calzadas, puentes, cruceros, capillas, hospitales, torres, palacios, murallas, mercados, paneras, molinos, lavaderos, etcétera, con especial atención a los 61 elementos declarados BIC.

Una de las cuestiones que plantea el libro como columna vertebral es la colaboración entre todas las instituciones y entidades vinculadas a la gestión y uso del Camino: la Administración autonómica, la Federación Asturiana de Concejos, la Iglesia y las asociaciones de amigos.

Para la realización del volumen, aparte de las reuniones de coordinación, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha mantenido más de cuarenta encuentros con distintos agentes implicados en la protección, conservación y difusión de las rutas jacobeas, tanto de la Administración del Principado, con la implicación de otras diez direcciones generales, como de los ayuntamientos, la Administración del Estado, la Universidad, la Iglesia, las asociaciones de amigos y otras entidades públicas y privadas. La presentación del Libro Blanco culmina una labor continuada que comenzó a principios de la década de los 90, cuando se inició el procedimiento para hacer efectiva la protección jurídica de las principales rutas jacobeas de Asturias.

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.867.360, el mayor número de contrataciones de los últimos 9 años en un mes de octubre. Supone una subida de 106.750, un (6,06%) respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

En octubre se han registrado 166.830 contratos de carácter indefinido, supone un incremento de 15.178 (10,01%) sobre el mes de octubre de 2015.

Desde enero se han realizado 1.436.114 contratos estables, representa un incremento de 167.674 (13,22%) sobre el mismo periodo del año 2015.