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Google anunció este martes que todas sus oficinas y su centro de datos se alimentarán de energías renovables en 2017, con lo que buscarán consolidarse como el mayor comprador corporativo de electricidad limpia.

El gigante informático afirmó en un comunicado que están en el camino de poder obtener el 100 por ciento de toda su necesidad energética de fuentes renovables, incluyendo sus grandes centros de datos y servidores y sus oficinas en todo el mundo.

La empresa tiene una demanda de 2.6 gigavatios de electricidad de fuentes eólica y solar, un nivel dos veces mayor que la del Amazon.

Google comenzó a usar energías renovables en 2010 luego de que invirtiera en un parque eólico en Iowa. Además se comprometió a comprar energía limpia por el equivalente de todo su consumo mundial de electricidad, incentivando así un sector necesitado aún de ayudas para competir con los combustibles fósiles.

La inversión de Google en infraestructura de energías limpias es de más de 3 mil 500 millones de dólares en todo el mundo, con dos tercios de ese monto en Estados Unidos.

El discurso de la empresa de tecnología se da en medio de un discurso en el que los mandatarios de las economías más importantes del mundo buscan generar más acuerdos para detener el cambio climático.

Uno de los objetivos de Desarrollo Sustentable propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el de funcionar con un 100 por ciento de energías renovables para 2050.

En la región de Latinoamérica, Costa Rica generó el 87 por ciento de su energía en 2013 a través de fuentes renovables. Por otro lado, Uruguay, se convirtió en el país de la región que mayor porcentaje de su producto interior bruto (PIB) invirtió en este sector en 2012, de acuerdo con cifras de la ONU.

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El viernes, entre otras muchas cosas, el Ejecutivo que recientemente ha estrenado legislatura ha anunciado en Consejo de Ministros una batería de medidas para luchar contra el fraude fiscal y cumplir con los objetivos de déficit establecidos con Bruselas.

Una de ellas, quizá la más importante, es la de limitar a 1.000 euros la cuantía de los pagos en efectivo en operaciones comerciales. De este modo, se intenta luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, especialmente en aquellas operaciones de mayor cuantía, dando un paso más hacia la desaparición del dinero en efectivo.

Y es que, desde que en 2012 se estableciese la primera limitación en los pagos en efectivo a operaciones comerciales con un valor superior a los 2.500 euros, muchas han sido las propuestas encaminadas a poner fin a uno de los mayores focos de concentración del fraude fiscal.

De hecho, son muchos los países que ya están tomando medidas en este sentido, incluso más contundentes. Dinamarca, por ejemplo, permite desde el 1 de enero de este año, que los establecimientos comerciales se puedan negar a aceptar efectivo como medio de pago. Suecia, por su parte, tiene una tasa de uso de dinero electrónico del 95%, y los billetes y monedas en circulación tan solo

Está claro que a los gobiernos les interesa que el efectivo desaparezca por completo de la circulación. Pero también es apoyada por algunas organizaciones como, por ejemplo, Gestha, que reconoce que esta medida, aunque no es decisiva para frenar el fraude fiscal, sí lo dificulta enormemente.

FUENTE COMUNICAE

El presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, ha asegurado este mediodía en el Congreso de los Diputados que “entre los que plantean un cambio radical” de la Constitución y “los que la sacralizan de una manera que la hacen más frágil” los socialistas “defendemos que la mejor forma de robustecerla es reformarla”.

“Reformar la Constitución es la mejor forma de fortalecerla”, ha insistido Fernández y para esa reforma “se necesita al resto de fuerzas políticas” para “buscar ese consenso que tuvimos hace 38 años”. Por eso Fernández ha asegurado que los socialistas van a plantear que se cree una subcomisión para que las fuerzas políticas consensuen la reforma: “Nosotros plantearemos que se cree una subcomisión. Previamente buscaremos el consenso para que, efectivamente, se forme una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional y se busquen los consensos por los que hacer esas reformas a las que antes me refería”.

El presidente de la Comisión Gestora, que ha asistido en el Congreso a los actos conmemorativos del día de la Constitución, ha recordado que la Carta Magna de 1978 “fue una norma que se hizo con un amplísimo consenso y nos permitió dejar atrás un tiempo de enfrentamientos, violencia e imposición”.