Madrid, 6 feb (dpa) – El «caso Nóos» hace temblar los cimientos de la monarquía española. La ha sumido en una crisis de imagen y desconfianza por parte de los ciudadanos.
La familia del rey Juan Carlos se ha visto vinculada a la palabra corrupción. Y parece improbable que la institución pueda llegar a recuperarse completamente del golpe algún día. Sobre todo tras la imputación de la infanta Cristina, que multiplica el daño.
El protagonista indiscutible del «caso Nóos» es Iñaki Urdangarin, el marido de la hija pequeña de los reyes Juan Carlos y Sofía.
La Justicia española investiga los negocios que el yerno del rey hizo entre los años 2003 y 2006 al frente del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin ánimo de lucro que el ex jugador de balonmano creó junto a Diego Torres, uno de los profesores que había tenido en un master en negocios.
A ambos, imputados por el juez José Castro, se los acusa entre otras cosas de haberse apropiado de casi seis millones de euros de dinero público, un dinero que procedía sobre todo de contratos con los gobierno regionales de las Islas Baleares y de Valencia.
El caso se resume básicamente en el presunto aprovechamiento del prestigio de la casa real por parte de Urdangarin y de su socio para lograr suculentos contratos adjudicados a dedo.
Los servicios se contrataban por precios desorbitados, muy por encima del coste real, y también se facturaban servicios ficticios. Que Urdangarin fuera el yerno del rey fue la clave de ese trato de favor, según juez y fiscal.
El «caso Nóos» es una de las piezas separadas que salieron del «caso Palma Arena».
Las supuestas irregularidades de Urdangarin aparecieron cuando el juez Castro investigaba cómo se dobló el coste de la construcción de un centro polideportivo, un caso por el que el ex ministro de José María Aznar y ex jefe del gobierno regional balear Jaume Matas fue ya juzgado y condenado y por el que aún tiene causas pendientes con la Justicia.
Un alto porcentaje de esos casi seis millones de euros presuntamente malversados por Nóos acabó en empresas privadas de los dos socios.
Una de las sociedades en las que más dinero entró por supuestos trabajos encargados por el instituto fue Aizoon, de la que la infanta Cristina es copropietaria junto a su marido.
El juez la acusa de fraude fiscal y blanqueo de dinero y ve pruebas en los gastos personales en los que incurrió con los beneficios obtenidos por Aizoon.
El magistrado la imputó ya en abril del año pasado como cooperadora necesaria y cómplice de su marido, quien ya ha declarado ante el juez en esa calidad de imputado en dos ocasiones y al que en un juicio que parece más que probable se le acusará seguramente, entre otros delitos, de malversación, falsedad y fraude.
La infanta era uno de los miembros de la junta directiva de Nóos. Sin embargo, una instancia judicial superior, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, anuló su primera imputación, si bien marcó a Castro el camino para imputarla por fraude fiscal y blanqueo de dinero.
La imputación llegó hace un mes, el 7 de enero de este año. Y el sábado tendrá lugar su declaración ante la Justicia, la primera de un familiar directo del rey Juan Carlos de España.
