(dpa) – El presidente boliviano, Evo Morales, se enfrenta desde hace una semana a la llamada “rebelión de los sargentos”, una inédita protesta dentro de las Fuerzas Armadas, institución que en el pasado protagonizó infinidad de golpes de Estado.
El último general que gobernó Bolivia, Guido Vildoso, dejó el 10 de octubre de 1982 la presidencia para que el abogado Hernán Siles Zuazo jurase ante el Congreso, abriendo así 32 años de estabilidad democrática en uno de los países más inestables de Latinoamérica.
Todos los gobiernos hicieron concesiones ante los generales bolivianos. Pero el maltrato y hasta la indiferencia fue constante con los sargentos. Hasta el 21 de marzo pasado, cuando comenzaron a protestar en marchas callejeras junto a sus esposas, y los emblemáticos campesinos “Ponchos Rojos” (guerreros aymaras de Evo Morales).
Los 9.666 sargentos y suboficiales piden al gobierno de Morales la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) para evitar prácticas discriminatorias dentro de esa institución. También reivindican acceso a estudios superiores, ascensos de rango, mejoras salariales, creación de la Guardia Nacional, y atención en hospitales militares en condiciones similares a los uniformados de alta graduación.
«Este es un Estado Plurinacional clasista, un gobierno que apoya a cúpulas, elites o patrones, léase Fuerzas Armadas o cooperativas mineras», destacó Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
«Las Fuerzas Armadas gozan en este momento de una enorme autonomía institucional respecto del gobierno de Evo Morales, que pagan con una total subordinación política a éste», apuntó por su parte el analista Fernando Molina.
Pero las autoridades militares de Bolivia sorprendieron al anunciar el retiro obligatorio por «actos de sedición» de 381 suboficiales y sargentos del Ejército, 300 de la Fuerza Aérea y 21 de la Armada.
Fernando Molina sostiene que los generales ejecutan un política “gatopardista” donde se muestran cambios con nuevos gritos de guerra (Patria o Muerte) o uso de banderas indígenas. Pero en realidad todo continúa igual que antes.
“El servicio militar sigue siendo obligatorio, los archivos de las dictaduras continúan cerrados, los homosexuales no son permitidos, la muerte de efectivos por torturas y órdenes abusivas se ha vuelto una plaga, y la corrupción de los jefes sigue siendo un problema tan serio como imposible de señalar públicamente”, agregó.
Otro analista, Boris Miranda, apunta que hay más generales en las embajadas y consulados. “No sólo los uniformados son premiados con puestos en el servicio exterior, también se benefician esposas, hijas, hijos y hermanos de oficiales”, explica.
Además sostiene que el último premio a los comandantes fue el control de la Agencia de Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) en manos de un general.
Mientras, el presidente Morales -confeso admirador de los generales- insistió en dos recientes actos militares en que “solo se puede asumir la defensa de la patria cuando hay disciplina en las Fuerzas Armadas”.
También el vicepresidente Álvaro García Linera, un ex guerrillero del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), cerró toda posibilidad de acuerdo con los sargentos.
«Fuera de la cadena de mando nada será oído, porque al oír a los que rompen la cadena de mando (se) está rompiendo la Constitución», advirtió.
También duro con los sargentos se mostró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, un ex militar y hombre de extrema confianza del presidente Morales.
“Esto es sedición, instigación al delito y está amenazando la democracia, el proceso de cambio”, dijo en tono amenazante a los sargentos que preparan para mañana una concentración pública en La Paz.
Por Mario Roque Cayoja
