Sevilla, 23 jun (EFE).- El juez Baltasar Garzón ha criticado hoy el aforamiento de don Juan Carlos porque «el fuero va hasta el momento en que se cesa la función» y ha rechazado «una reforma express» porque «parece que ocurre algo si no llegamos a tiempo».
En declaraciones a los periodistas, Garzón ha dicho que es contrario «a los aforamientos con carácter general», aunque tenga que haber «determinadas protecciones cuando se ejerce un cargo por actividades que se deben al desarrollo de su función», como el caso de los parlamentarios.
Garzón, que ha intervenido en unas jornadas sobre derechos sociales que se celebran en el Parlamento de Andalucía, se ha mostrado contrario a «un aforamiento urbi et orbe, hacia atrás y hacia adelante, en lo civil y en lo penal, porque parece que transmitimos una sensación de que algo ocurre, de que algo pasa, y eso no es bueno para los ciudadanos».
Según Garzón, los aforamientos suponen «una desconfianza hacia el poder judicial en un Estado democrático; parece que son más fiables determinados jueces porque han sido nombrados de determinada forma que los jueces profesionales que de forma independiente desarrollan su labor».
Preguntado sobre si es excesivo el número de aforamientos que hay en España, ha ironizado diciendo que desconoce si es un número parejo a los casos de corrupción.
Por otra parte, sobre el objeto de su intervención en estas jornadas, se ha referido a la «necesidad de un cambio social» porque «están ocurriendo muchas cosas y a un ritmo muy frenético».
En el ámbito de la justicia, ha denunciado, «se está produciendo una durísima agresión a un principio que estaba consolidado como el de la jurisdicción universal, que está produciendo unos perjuicios muy graves para la sociedad en general y a penas se está poniendo de manifiesto».
«Y si eso lo extendemos al órgano de gobierno de los jueces o las reformas del Código Penal o de la ley organiza del poder judicial, se está tratando de someter al poder judicial y no de reforzar su independencia», ha añadido.
Sobre seguridad y orden público ha criticado que las iniciativas del Gobierno «van más hacia la represión de derechos, como el de libre manifestación o el de opinión que al de otorgar realmente auténtica seguridad».
