Oviedo, 27 feb (EFE).- Asturias recaudó 363 millones de euros entre los años 2004 y 2012 en los que estuvo en vigor el «céntimo sanitario», impuesto que ha sido ahora declarado contrario al derecho comunitario por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

El fallo en contra de ese «impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos» (IVMDH), conocido como «céntimo sanitario», abre la puerta a la devolución de parte de los 13.000 millones de euros recaudados hasta enero de 2013 en todo el país.

Fuentes de la Consejería de Hacienda del Principado han señalado a EFE que desde Asturias no harán un pronunciamiento sobre la incidencia que tendrá esta sentencia en el ámbito autonómico ni sobre la posible devolución de lo recaudado hasta que no lo haga el Ministerio de Hacienda y se estudie en profundidad el fallo judicial.

Fuentes del Ministerio de Hacienda ya han avanzado que los eventuales desembolsos derivados de esta sentencia podrían sumar una cifra «sensiblemente» inferior a los 13.000 millones recaudados.

Asimismo, han hecho hincapié en que todo este proceso llevará su tiempo y que el desembolso no se producirá a corto plazo, puesto que los diferentes órganos judiciales españoles que cuenten con reclamaciones sobre este asunto tendrán que resolver caso por caso.

Asturias fue una de las primeras comunidades autónomas en aplicar esta tasa con la que financiar la sanidad pública, que desde comienzos de 2103 ha sido sustituido por una modificación en el impuesto especial sobre hidrocarburos.

En este impuesto, el Principado aplica un gravamen de 4,8 céntimos sobre las gasolinas, el máximo permitido para el tramo autonómico, y de 4 céntimos en el caso del gasóleo, ocho céntimos por debajo del tope.

Los transportistas están exentos del pago de este impuesto y, por lo tanto, tienen garantizada su devolución por parte del Gobierno asturiano.

El «céntimo sanitario» anulado por el tribunal comunitario fue aplicado por Madrid desde el 1 de agosto de 2002, mientras que Asturias y Galicia fueron las siguientes en utilizarlo desde enero de 2004, y Cataluña, desde agosto de 2004.

Posteriormente, y a consecuencia de la crisis económica, fueron sumándose el resto de las comunidades, salvo Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias, que no llegaron a aplicarlo.

La cuantía del impuesto oscilaba en los primeros momentos de su implantación entre 1 y 2,4 céntimos por cada litro de carburante, pero en años posteriores, y derivado de la crisis, el porcentaje fue subiendo hasta 4,8 céntimos.