Oviedo, 12 feb (EFE).- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Agenda Social Asturiana (ASA), un documento de diagnosis y medidas para mejorar los servicios públicos que plantea, entre otras propuestas, crear una Mesa contra la exclusión y la pobreza y garantizar la sanidad a inmigrantes irregulares y emigrantes retornados.

El contenido de este documento ha sido dado a conocer hoy al término de la reunión semanal del Ejecutivo asturiano por la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que va a solicitar su comparecencia en el parlamento regional para detallar las propuestas.

Díaz ha señalado que el documento es una apuesta del Ejecutivo del Principado por los servicios públicos, por su equidad, calidad y proximidad para asentar la cohesión en cuya elaboración han participado también las consejerías de Sanidad, Educación y Presidencia, así como las entidades del denominado tercer sector.

De hecho, éstas formarán parte de la Mesa contra la exclusión que se encargará de identificar y actuar ante situaciones concretas.

El documento identifica como los colectivos con mayor riesgo de exclusión social a los menores de 24 años y parados de más de 50 por su dificultad de encontrar empleo, a las mujeres, «que tienen una tasa de actividad once puntos por debajo de la de los hombres», y a los discapacitados.

Para atender estos colectivos, la agenda plantea una serie de actuaciones en materia de sanidad, educación y servicios que, según la consejera, son difíciles de cuantificar.

No obstante, ha señalado que hay que tener en cuenta que el 67 por ciento del presupuesto del Principado se destina a gasto social y que sólo Asturias y Canarias han aumentado la inversión destinada a ese fin de entre todas las comunidades autónomas.

En materia de sanidad, el documento garantiza la atención a la salud para todos los residentes en Asturias, incluidos los que salgan al extranjero y hayan agotado las prestaciones por desempleo, más allá del tope de 90 días fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

También asegura la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y que no se aplicará el copago de medicamentos hospitalarios, que se procederá a la devolución de oficio de parte del copago a los pensionistas.

Según la consejera, se va a mantener también la cartera de servicios sanitarios y garantizar la asistencia sanitaria a los emigrantes retornados.

Además de la creación de la «Mesa de lucha contra la exclusión y la pobreza», en materia de servicios sociales se plantea la reducción del tiempo de tramitación del salario social al máximo legal de tres meses y garantías de dotación económica suficiente para el abono de las prestaciones.

También plantea el fortalecimiento de las entidades del tercer sector colaboradoras con la administración autonómica, que se cumpla el porcentaje de empleo para personas con discapacidad en empresas, que se preserve el plan contra desahucios y se facilite el acceso a la vivienda.

Se mantendrán las medidas de respaldo a las familias con dificultades para afrontar los gastos del consumo energético y los programas de ayuda directa a las familias para el abastecimiento de alimentos.

Respecto a la educación, la Agenda quiere preservar la igualdad de oportunidades con el mantenimiento del ratio alumno/profesor, apostar por la escuela rural y defender las ayudas para libros de texto y material escolar.

También rechaza a la aplicación del incremento de tasas universitarias y defiende las becas y ayudas a estudiantes universitarios.