Oviedo, 13 nov (EFE).- El Gobierno del Principado analizará «con detenimiento» la sentencia por el hundimiento del petrolero ‘Prestige’ en noviembre de 2002 y «buscará todas las alternativas» para paliar íntegramente los daños causados por la marea negra en el litoral asturiano.
«Analizaremos con detenimiento la sentencia y nos mantendremos en contacto con la fiscalía» antes de adoptar una decisión, ha señalado hoy en un comunicado, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que asegura además que el Ejecutivo buscará «todos los resquicios legales y todas las alternativas posibles».
El Gobierno del Principado se personó en el proceso judicial a través del Ministerio Fiscal para la defensa íntegra de los intereses patrimoniales de Asturias y los daños causados en su costa y reclamó una cantidad que ascendía a 8,2 millones de euros.
Según Martínez, el Gobierno del Principado «no se caracteriza por su pasividad a la hora de tomar decisiones en defensa de los intereses de Asturias», pero ha advertido de cualquier decisión que se adopte sobre la sentencia exige un análisis detallado del fallo.
El Principado suscribió en julio de 2004 un acuerdo con el Ministerio Fiscal para que defendiese los intereses patrimoniales de Asturias en el proceso abierto en los tribunales gallegos.
Las cantidades que reclamaba Asturias hacían referencia únicamente a los gastos directos que tuvo que afrontar el Principado para la retirada de más de 4.500 toneladas de residuos en su litoral y no a los daños provocados en el litoral asturiano ni al lucro cesante de sectores económicos como el turístico o el pesquero.
Tras el siniestro, el Gobierno central firmó un convenio con los veinte municipios costeros asturianos afectados para percibir del Estado 1,6 millones de euros en concepto de indemnización
Además, en mayo de 2007, el Ejecutivo regional aprobó entregar 2,9 millones de euros a 689 pescadores y armadores asturianos en concepto de adelanto por las indemnizaciones que les correspondiesen por las consecuencias del vertido de fuel procedente del «Prestige», que llegó a las costas asturianas en diciembre de 2002.
La sentencia establece que no existe responsabilidad penal por lo que ha exculpado de los destrozos de la marea negra a los tres acusados, el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, y el capitán del buque, Apostolos Mangouras, al que ha condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.