Managua, 24 oct (dpa) – Al menos 558 personas están encarceladas en Nicaragua por haber protestado contra el Gobierno de Daniel Ortega desde abril pasado y la mayoría de ellas sufre maltrato en prisión, revelaron hoy la opositora Alianza Cívica y el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas.
Lilliam Ruiz, miembro del organismo formado a raíz de la crisis que comenzó tras las primeras protestas del 18 de abril, dijo en rueda de prensa que han recopilado denuncias sobre detenidos que sufren maltrato físico y sicológico, aislamiento y torturas.
Destacó el caso de Brenda Muñoz, de 52 años, quien padece cáncer terminal y no está recibiendo su tratamiento en prisión. Organismos de derechos humanos y movimientos sociales han exigido sin éxito su excarcelación.
En las últimas semas se conocieron los casos de dos jóvenes estudiantes que perdieron a sus bebés tras sufrir abortos en la cárcel, al parecer a causa de los golpes recibidos durante su reclusión. Ambas fueron liberadas.
Según el Comité, los 512 varones arrestados durante y después de las protestas sociales contra Ortega están recluidos en la cárcel policial de El Chipote y en el centro penitenciario La Modelo, mientras que 46 mujeres guardan prisión en el penal La Esperanza.
Diariamente se denuncian nuevos casos de capturas de presuntos opositores, en su mayoría a cargo de hombres armados y de civil. Sin embargo, el Gobierno informó en septiembre que la cifra de detenidos era de 204.
Los prisioneros no tienen acceso a su “hora recreativa” (rato de sol) y las visitas de familiares están restringidas a una mensual, de 45 minutos y a través de un cristal por bocina telefónica intervenida, impidiendo la privacidad”, agregó Ruiz, madre del estudiante preso Hansell Vásquez.
Las celdas no tienen luz ni ventilación, están expuestas a la humedad por las lluvias y los internos no duermen en camas sino en camastros de cemento, explicó otro de los familiares.
Azahálea Solís, dirigente de la opositora Alianza Cívica, señaló que muchos detenidos han contraído hongos y otras enfermedades contagiosas. Al menos 40 internos tienen afecciones graves o crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia, infección renal y parkinson, además de problemas sicológicos derivados del encierro.
La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril pasado con una protesta estudiantil y se extendió a otros sectores sociales tras la violenta actuación policial y de paramilitares.
Según el Gobierno la cifra de muertos asciende a 200, pero de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las víctimas suman al menos 325, en su mayoría civiles muertos a manos de las fuerzas gubernamentales. La ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) eleva la cifra a 528.
