Buenos Aires, 14 ago (EFE).- Argentina acusó hoy de realizar amenazas «infundadas e irracionales» al Grupo Aurelius -litigante en el conflicto de la deuda que advirtió que «lo peor está por venir» para el país- y criticó la investigación de activos atribuidos a un empresario kirchnerista a petición de otro de los fondos buitre.
En su rueda de prensa diaria, el jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, rechazó las advertencias del Grupo Aurelius sobre lo que podría pasar si Argentina no acata la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, que le obliga a pagar 1.500 millones de dólares a los fondos litigantes.
De igual forma, Capitanich criticó la afirmación de que el país sudamericano «ha pagado un precio muy alto por la arrogancia de sus líderes».
Para el jefe de Gabinete, se trata de una amenaza «absolutamente infundada» e «irracional», que ataca la soberanía argentina y que está lanzada por «grupos minúsculos de intereses, voraces, que constituyen una mafia internacional, que manejan los hilos del poder».
Además, el funcionario criticó duramente la orden judicial de investigar activos presuntamente atribuidos en Estados Unidos al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, interpuesta por un juez del estado de Nevada tras una petición del fondo NML, otro de los litigantes.
«Un juez de Nevada pretende inventar una causa para ver posibles fondos, conectados con el país, del sector privado, que es una patraña, una mentira, irracional, que no tiene la más mínima razón», expresó, acerca de la investigación sobre decenas de empresas que el fiscal argentino José María Campagnoli relacionó con Báez.
En dicha investigación, el fiscal fue suspendido por la procuradora general argentina acusado de exceso de funciones tras cambiar el de objeto de la investigación y apuntar al empresario kirchnerista.
El fiscal consideró entonces que su suspensión, que fue levantada meses después, fue un intento del poder Ejecutivo para «amedrentar» a los fiscales.
«Hay muy pocos líderes políticos con coraje y valentía de oponerse. Basta de buitres, basta de amenazas, basta de operaciones», sostuvo hoy Capitanich.
El fallo de Griesa, favorable a los fondos que no aceptaron la reestructuración de la deuda en mora desde 2001 y denunciaron al país en Estados Unidos, mantiene bloqueado el último pago realizado a los tenedores de bonos reestructurados hasta que se pague a los litigantes unos 1.500 millones de dólares.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir el fallo porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas que aceptaron la reestructuración, con importantes quitas, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
