Karlsruhe (Alemania), 18 jul (dpa) – Argentina deberá saldar su deuda con dos inversores privados alemanes, que insistieron en sus reclamos tras la bancarrota del Estado argentino en 2001, anunció hoy el Tribunal Constitucional Federal de Alemania.
Según el Tribunal en Karlsruhe no existe ninguna norma del derecho internacional público que justifique la negativa de un país a pagar una deuda debido a una emergencia financiera estatal o por una reestructuración voluntaria de la mayoría de los acreedores.
Los jueces constitucionales confirmaron así una sentencia del Tribunal Federal Supremo de Alemania (BGH), que en febrero de 2015 había fallado a favor de ambos demandantes, que habían invertido en bonos estatales del país sudamericano.
Tras la quiebra del Estado, Argentina suspendió a principios de 2002 el pago a los acreedores privados.
La primera reprogramación de la deuda se acordó en 2005. La mayoría de los inversores respondieron a la oferta y a pesar de las pérdidas cambiaron sus bonos bajo nuevas condiciones.
En tanto, dos inversores reclamaron al Gobierno argentino, entre otras cosas, el pago de intereses de la deuda emitida en 1996 y 1997. En cada caso exigieron algo más de 3.000 euros. Sus demandas fueron exitosas.
El Tribunal Constitucional Federal ya había fallado en contra de Argentina en un procedimiento similar en 2007. En tanto, el Gobierno argentino opinaba que en vista de la crisis del mercado financiero internacional y las medidas de rescate del euro para Grecia y Chipre la situación había cambiado radicalmente. Por eso, según la denuncia argentina, el BGH debería haber convocado de nuevo a los jueces constitucionales.
Por su parte, el Tribunal Constitucional no ve razón para hacerlo y alega que desde 2007 no ha cambiado nada. Tanto antes como ahora no existe en el derecho internacional una ley de quiebra de un Estado. Por lo tanto, no hay un órgano de supervisión o de control independiente que pueda garantizar un equilibrio cuidadoso de los intereses.
De esta manera, el BGH asumió que Argentina tenía que saldar sus antiguas deudas y no aceptó dos denuncias de inconstitucionalidad presentadas por ese país.