Buenos Aires, 7 dic (dpa) – Argentina celebrará el próximo 10 de diciembre 30 años del retorno de la democracia, el período más prolongado de Estado de Derecho, que fortaleció el sistema político y convirtió la amenaza militar en un riesgo remoto.
El 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia el radical Raúl Alfonsín y abrió una nueva etapa en la historia argentina.
El candidato de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata) venció al peronista Italo Lúder en las primeras elecciones libres y democráticas celebradas el 30 de octubre de 1983 tras siete años de una trágica dictadura militar (1976-1983) que dejó 30.000 desaparecidos, según las estimaciones de organizaciones de derechos humanos.
Debilitado por la derrota en la guerra en 1982 contra Gran Bretaña por las australes islas Malvinas, la multiplicación de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y con una economía en crisis y altamente endeudada, el régimen militar se vio forzado a dar paso a la transición.
«El proceso democrático argentino responde a condiciones internas y externas. La democratización fue simultánea, y no por casualidad, con una tendencia mundial a la democratización, y en la región en particular», señaló a dpa el sociólogo y analista político Ricardo Rouvier.
De estos 30 años de democracia en Argentina que inauguró Alfonsín, más de 22 fueron gobernados por dirigentes del Partido Justicialista (PJ, peronista): Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Sólo alternó el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, que terminó con la renuncia anticipada del presidente radical Fernando de la Rúa a fines de 2001, a la mitad de su mandato, en medio de una profunda crisis social, económica y política.
Alfonsín enfrentó una «situación que no era precisamente sencilla», según admitió el líder radical a la agencia dpa meses antes de su muerte en 2009.
«Sólo la democracia podía resolver estos problemas, aun cuando éramos conscientes de que la tarea no sería sencilla porque las demandas acalladas de la sociedad saldrían a la luz una vez que hubiera libertad. Y no sería fácil satisfacerlas rápidamente», recordó entonces.
Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) e impulsó el histórico Juicio a las Juntas Militares que habían gobernado durante la dictadura. Pero la amenaza de las Fuerzas Armadas no había sido sosegada y una seguidilla de levantamientos militares lo forzaron a impulsar las polémicas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que limitaron el juzgamiento sólo a los jerarcas.
Tras enfrentar trece huelgas generales de los sindicatos liderados por el peronismo y jaqueado por la hiperinflación, que llegó a trepar a 1.923 por ciento, Alfonsín entregó el poder en 1989 seis meses antes del final de su mandato al justicialista Carlos Menem (1989-1999).
Entre 1989 y 1990, Menem firmó los polémicos indultos a los máximos jerarcas y ex represores de la dictadura militar, que beneficiaron a unas 1.200 personas e hicieron retroceder los avances en materia de derechos humanos.
Sólo 17 años después fue decretada la inconstitucionalidad de estos decretos, lo que dio paso a innumerables causas judiciales para esclarecer y juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.
El país vivió fuertes cambios. Desde la reforma del Estado impulsada por Menem, hasta la crisis que gestó su política económica y estalló durante el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso (1999-2001), que llevó a De la Rúa a renunciar el 20 de diciembre de 2001, a mitad de su mandato, en medio de multitudinarias protestas sociales que dejaron un saldo de decenas de muertos y miles de heridos.
Argentina registró el récord de cinco presidentes en dos semanas y la situación comenzó a estabilizarse con la llegada del peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) al poder. Después de casi diez años puso fin a la convertibilidad monetaria y devaluó el peso argentino.
Ese año el PIB del país cayó un 10,9 por ciento para luego dar paso a un proceso de recuperación de la economía y de la situación social, afianzado durante la gestión del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa, Cristina Fernández.
La crisis internacional y factores domésticos ralentizaron luego el crecimiento, acosado hoy por la inflación, la fuga de divisas y la pérdida de competitividad de su producción. Esto, sumado al revés electoral del oficialismo en las últimas legislativas y a la enfermedad de Fernández de Kirchner, con un cuadro de arritmia y operada en octubre para extraerle un hematoma craneal, llevaron a cambios de gabinete que podrían derivar en una variación de rumbo de cara a los últimos dos años de gobierno.
Más allá de los vaivenes económicos, Argentina consiguió en estos 30 años consolidar el régimen político, el más largo con estabilidad democrática desde la promulgación de la ley de sufragio universal de 1912.
Según Rouvier, «la sociedad argentina fue reconociendo que las dictaduras no debían volver nunca». «Hoy, la valoración de la democracia es casi unánime; y no existe remotamente ningún peligro de interrupción del sistema».
«Al quedar de lado una posible alternancia no democrática del régimen, la percepción y expectativas de la sociedad apuntan a la cuestión económica y social. Estos son los desafíos que atraviesa la sociedad, considerando que en estos 30 años de restauración democrática hemos atravesado varias crisis económicas y sociales importantes. Por lo tanto, el temor de la población está fijado en que no se repitan esas situaciones, considerando imposible una caída de la democracia», concluyó el sociólogo.
Por Cecilia Caminos
