Madrid, 28 dic (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha dicho hoy que «ninguna comunidad autónoma puede quejarse de las medidas del Gobierno» en materia de financiación ya que «absolutamente todas han resultado beneficiadas».
Arenas se ha referido así, en declaraciones a Efe, al ser preguntado por las críticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los mecanismos de financiación aprobados el viernes por el Consejo de Ministros que cree que no le benefician.
«Ninguna comunidad autónoma puede quejarse de las medidas del Gobierno» y «absolutamente todas han resultado beneficiadas, tanto las que se habían acogido al FLA y al pago de proveedores como las que se quedaron al margen», ha dicho.
«Se puede analizar las que tienen más o menos beneficio, pero ninguna puede alegar ningún tipo de perjuicio», ha recalcado.
Por otra parte, los ayuntamientos podrán dedicar su superávit presupuestario de 2015 a «inversiones que se puedan sostener financieramente», tal y como pedía la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y recoge el Real Decreto Ley de sostenibilidad financiera aprobado por el Consejo de Ministros.
«Espero que (la medida) reciba el reconocimiento de todas las fuerzas políticas, que lo habían solicitado en la FEMP», ha dicho Arenas tras destacar que nueve de cada diez ayuntamientos tienen en la actualidad superávit presupuestario.
Esto se debe -ha argumentado- no sólo a que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido «el más municipalista de la historia de la democracia», sino también a que esto ha «coincidido con un cuadro extraordinario de alcaldes españoles».
A su juicio, tampoco han sido ajenos los fondos de liquidez y especialmente los planes de pago a proveedores que fueron «históricos en los años peores de la crisis» y que «salvaron miles de empleos».
Pese a ese superávit, el dirigente ‘popular’ se ha mostrado convencido de que el paquete de ayudas aprobado el viernes por el Gobierno «viene muy bien» a los entes locales.
A este respecto ha destacado el fondo de ordenación para las corporaciones locales que todavía están en situación de riesgo, un fondo de impulso económico para las corporaciones que cumplen con la estabilidad y un fondo de liquidez social para pagar las deudas de las comunidades a los ayuntamientos sobre servicios sociales.
Según sus datos, el impacto de estas tres medidas se cuantifica en torno a los 2.000 millones de euros.
Además, los ayuntamientos podrán devolver en diez años las liquidaciones negativas de 2013, ha señalado.
