Sevilla, 7 feb (EFE).- El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía presentará antes de final de febrero el recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce, al considerar que invade las competencias e interfiere en el Estatuto de Autonomía.
En una conferencia de prensa, Alonso ha criticado la ley de reforma educativa y al ministro de Educación, José Ignacio Wert, al que ha acusado de «poner parches» e «ir con prisas» con una ley «plagada de errores técnicos» y que es «inviable» implantar en solo tres años, comenzando su aplicación dentro de cinco meses.
«Andalucía se rebela», ha dicho el consejero, quien ha advertido: «No vamos a ser insumisos, pero vamos a aplicar el Estatuto de Autonomía», y ha anunciado que se mantendrá la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el programa de gratuidad de libros de texto que sean «conforme a la norma autonómica», que a la asignatura de religión se dedicará «el tiempo mínimo exigible» y que no se financiarán con fondos públicos colegios segregados por sexos.
Alonso también ha anunciado medidas de «refuerzo educativo» para que los alumnos que aprueben en Bachillerato y no superen la reválida puedan seguir estudiando, y ha añadido sobre esos casos que «Europa los quiere pero el ministro Wert, no», en alusión a que se dé el caso de un alumno con el Bachiller aprobado, pero sin título por no haber superado la reválida.
El consejero, que ha garantizado que se mantendrán los conciertos con los colegios privados, ha señalado que «se priorizará lo público», y que las evaluaciones finales se efectuarán con los criterios de los centros educativos y serán llevadas a cabo por su profesorado y que «no se publicarán a modo de ránking».
Alonso ha garantizado el «equilibrio en la escolarización del alumnado con necesidades especiales» tanto en los baremos de ingreso en los centros públicos como en los concertados, y ha insistido en que todas estas medidas con las que pretende «paliar los efectos negativos» de la ley Wert están amparadas por la Ley de Educación de Andalucía y por el Estatuto de Autonomía, que prevé, entre otras medidas, la gratuidad de los libros de texto.
