Madrid, 18 oct (dpa) – Amnistía Internacional denunció hoy que las violaciones de derechos humanos documentadas en los últimos meses en Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno se llevaron a cabo «no solo con conocimiento» del Estado y de su presidente, sino también en muchas ocasiones «bajo su orden y control».
Bajo el título «Sembrando el terror. De la letalidad a la persecución en Nicaragua», el informe presentado hoy en Madrid por la ONG destaca que el Gobierno de Daniel Ortega utilizó grupos parapoliciales y armas militares, llevó a cabo «posibles ejecuciones extrajudiciales» y usó la tortura en la llamada «Operación Limpieza».
Según explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía, el presidente no solo desplegó a la policía «para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva».
En ese sentido, la ONG exigió a Ortega que desmantele dichos grupos parapoliciales «de forma inmediata» y que garantice que las fuerzas policiales actúen «de acuerdo con los criterios de uso legítimo, proporcional y necesario» de la fuerza en manifestaciones.
Además, la organización insta al mandatario a poner fin a la «estrategia de persecución y detenciones arbitrarias de personas» que se manifiestan en contra del Gobierno y reclama a la comunidad internacional que siga demandando al Estado nicaragüense que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Para elaborar el informe presentado hoy, Amnistía llevó a cabo dos misiones en Nicaragua y Costa Rica en julio y septiembre, países en los que realizó más más de un centenar de entrevistas y documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos.
Según cifras de la ONG, hasta el 18 de septiembre al menos 322 personas habían muerto en Nicaragua, la mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 resultaron heridas. Organizaciones locales elevan la cifra de víctimas a 512. El Gobierno reconoce 200.
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agudizó tras la violenta acción de la policía y los paramilitares contra manifestantes civiles. Además de los muertos y heridos, cientos de personas están en prisión.
Amnistía calcula que desde el inicio de las protestas, unas 300 personas han sido encarceladas de forma ilegal en el país y más de 20.000 se han refugiado en la vecina Costa Rica.
En sus conclusiones, el informe de la ONG señala que el Estado nicaragüense mantuvo un discurso «criminalizador» en el que denominó «terrorista» o «golpista» a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de «justificar sus acciones violentas».
Concluye, además, que hubo tortura, fabricación de pruebas e investigaciones para «obtener información» sobre cómo se organizaban las protestas contra el Gobierno y quiénes las lideraban.
«La detención de arbitraria de numerosas personas y el incumplimiento a varias garantías procesales como estrategia para desarticular la protesta fue otro de los hallazgos», expresó la organización.
Amnistía denunció además que el Estado nicaragüense utilizó grupos parapoliciales, hizo un uso «deliberado y generalizado» de la fuerza letal para enfrentar las protestas y usó «armas de tipo militar», en ocasiones «de manera indiscriminada».
La ONG documentó el uso «generalizado» de fusiles tipo AK por parte de policías y parapolicías e identificó la utilización de fusiles de francotirador, así como ametralladoras e incluso un lanzagranadas antitanques de guerra, según indica en el informe.
«Durante este período, no solo se dio un uso excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal, sino también posibles ejecuciones extrajudiciales», apunta el informe, que analiza casos como el del menor Leyting Chavarría, quien fue encontrado muerto de un disparo tras un ataque policial a las barricadas desplegadas en la ciudad de Jinotega.
Amnistía denuncia que como consecuencia de la represión y el miedo a las represalias, muchas de las familias de las víctimas ni siquiera registrado de forma oficial su muerte ni presentaron denuncia.
