Berlín, 4 dic (EFE).- Las autoridades alemanas revisan alrededor de 750 crímenes no aclarados ocurridos en un periodo de veinte años y que podrían haber sido cometidos por la ultraderecha, informa hoy el diario «Neue Osnabrücker Zeitung».
De acuerdo con ese medio, las sospechas de un posible móvil ultraderechista alcanzan a 746 casos del total de más de 3.300 asesinatos o intentos de asesinatos no esclarecidos cometidos en ese periodo.
El rotativo remite su información a estadísticas del Ministerio de Interior referidas al periodo comprendido entre 1990 y 2011 y a casos no esclarecidos en el proceso de revisión.
Hasta ahora, las estadísticas policiales atribuían un total de 60 asesinatos a ataques de la ultraderecha.
La revisión de los casos no esclarecidos comenzó a raíz del escándalo surgido en torno a Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), una célula integrada por tres neonazis que durante una década asesinó impunemente a nueve inmigrantes en varios puntos del país.
La existencia de ese grupúsculo salió a relucir en 2011 a raíz del suicidio de dos de sus miembros -acosados por la policía tras un atraco-, a lo que siguió un proceso por terrorismo contra la superviviente del grupo, Beate Zschäpe.
De esas revelaciones partió también la nueva iniciativa lanzada por la Cámara Alta (Bundesrat) para la prohibición del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD), principal aglutinante de los ambientes neonazis.
El Bundesrat formalizó ayer la presentación de la demanda ante el Tribunal Constitucional, órgano competente en Alemania para la prohibición de partidos de alcance nacional.
El NPD tiene apenas 6.000 militantes y la demanda se basa en los supuestos paralelismos ideológicos de esa formación con el partido nazi de Adolf Hitler.
Los «Länder» (estados federados) apoyan su demanda en apartados del programa del NPD, en que se defienden tesis como «Alemania para los alemanes» y se «lamenta» la extranjerización del país atribuida a la inmigración.
A ello se unen declaraciones xenófobas y antisemitas en mítines o actos semiclandestinos de sus miembros, muchos de los cuales tienen un amplio historial delictivo por negación del Holocausto, agitación y actos violentos.
La solicitud al Constitucional sigue a un proceso anterior de ilegalización, en 2003, entonces con el respaldo del Gobierno y de la cámara baja (Bundestag), que acabó desestimado por el Tribunal por estar fundamentado básicamente en testimonios de confidentes policiales.
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