Lima, 20 jun (EFE).- El Congreso de Perú aprobó un informe que propone acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por supuestas irregularidades en el otorgamiento de indultos durante su segundo mandato (2006-2011), una decisión que según el exmandatario no tiene «validez ni tendrá consecuencia jurídica».
El informe de la «megacomisión», que investigó además otros ocho casos de presunta corrupción, fue aprobado anoche por el pleno del Parlamento por 53 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, después de un largo debate.
La acusación contra García y sus exministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández irá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que «deberá definir si amerita o no algún tipo de sanción o levantamiento de inmunidad, o el antejuicio, para que se pueda ver en la Fiscalía de la Nación», explicó Tejada.
Si la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba acusar al expresidente, esta decisión debe ser ratificada nuevamente por el pleno, donde los acusados tendrán la opción de defenderse, y si se ratifica irá a la Fiscalía y al Poder Judicial.
García ha atribuido toda la investigación realizada por la «megacomisión» a diversos actos de su segundo gobierno a la intención del oficialismo, y de su aliado el expresidente Alejandro Toledo, a destruir una posible candidatura suya en 2016.
Durante su segundo mandato, García aprobó el otorgamiento de más de 5.000 indultos y reducciones de pena a procesados por distintos delitos, incluidos alrededor de 400 por narcotráfico, según el informe de la comisión parlamentaria.
De acuerdo con los indicios recogidos por la «megacomisión» en sus dos años de trabajo, los funcionarios a cargo de la evaluación de los casos cobraron para el otorgamiento de los beneficios carcelarios, que presuntamente facilitaron la excarcelación de bandas completas.
Tejada citó entre los documentos reunidos «las cartas que García enviaba a los condenados por narcotráfico, invitándolos a que soliciten su indulto o conmutación de pena».
García y sus exministros podrían ser acusados de encubrimiento personal y cohecho pasivo impropio, entre otros delitos, según el informe parlamentario.
No obstante, García afirmó en un mensaje en Twitter que la acusación es una «venganza conyugal», ordenada por Toledo y el actual presidente peruano, Ollanta Humala, «que no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica».
Los otros ocho informes sobre presunta corrupción en la construcción de colegios emblemáticos, la empresa de agua Sedapal, el programa Agua para Todos y el espionaje telefónico de la empresa BTR, entre otros, serán debatidos por el pleno la próxima semana o en el siguiente periodo de sesiones, que empieza el 27 de julio.
