Managua, 26 oct (dpa) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron hoy sobre el aumento de la violencia en Nicaragua tras más de seis meses de crisis política, la más grave de las últimas décadas.
En un primer reporte mensual de seguimiento a la situación de derechos humanos en Nicaragua, la OACNUDH denunció un «marcado incremento» del hostigamento y criminalización de las protestas por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
La OACNUDH «no ha observado ninguna mejora en la situación de los derechos humanos; por el contrario, lo que ha observado es un marcado incremento de hostigamientos, intimidaciones y criminalizaciones contra personas que participan en las protestas y de defensores y defensoras de derechos humanos», destacó.
El informe del organismo a cargo de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet resume un monitoreo realizado del 1 al 30 de septiembre desde Panamá, donde la misión acreditada en Managua se instaló tras ser expulsada del país por Ortega, el 31 de agosto.
Dos días antes, la OACNUDH había recomendado al Gobierno cesar los ataques y la criminalización contra manifestantes y defensores de derechos humanos, desarmar a los grupos parapoliciales y poner en libertad a las personas detenidas de forma arbitraria.
Pese a esa recomendación, hoy se observa un «incremento de los ataques contra el derecho a la libertad y a la reunión pacífica y restricciones a su ejercicio, así como el aumento de detenciones arbitrarias de personas asociadas a las protestas», se indicó.
El informe emitido este viernes en Panamá también cuestionó el trato a las personas detenidas, las violaciones al debido proceso, la situación de quienes huyen de Nicaragua y la contracción económica «que impacta negativamente sobre los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación».
Según un informe oficial, la inversión extranjera en Nicaragua se desplomó en un 91,6 por ciento a causa de la crisis, al caer de 411,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 a sólo 17,2 millones entre abril y junio.
La crisis ha dejado hasta hoy 200 muertos según el Gobierno y 325 según la CIDH, aunque ONGs de derechos humanos elevan la cifra de víctimas hasta 528. Además se registran unos 4.000 heridos y 558 detenidos, de acuerdo con fuentes de la oposición.
Ortega atribuye el conflicto a un «complot terrorista» financiado supuestamente por Estados Unidos y promovido por grupos políticos ligados a la oposición, a ONG y a la Iglesia católica.
Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), nombrado por la CIDH para investigar los casos de violencia, sugirió en Managua la creación de una Fiscalía especial para dilucidar los asesinatos ocurridos desde abril pasado.
Un comunicado del GIEI denunció la falta de apoyo de Ortega a su trabajo de investigación, que calificó como «complejo y difícil».
Los expertos opinaron que la nueva entidad investigativa permitiría fortalecer el Poder Judicial, puesto que el sistema de justicia actual «no da garantías».
Ante la negativa oficial de proporcionarles información de entidades policiales y judiciales, los miembros del GIEI recopilaron testimonios de víctimas de violencia y presentarán su informe final en diciembre, al concluir su misión de seis meses.
En ese informe recomendarán también la puesta en marcha de un «programa integral de reparación» a las víctimas de violencia. Ese proyecto «será clave para sanar las heridas del conflicto y unir a la sociedad», dijo la socióloga peruana Sofía Macher, miembro del GIEI.
Los expertos reprobaron también la detención y expulsión del aeropuerto de Managua de una misión del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que trabaja en temas de derechos humanos y llegó este viernes para reunirse con miembros de la CIDH.
«La mayor muestra de que las cosas marchan bien en un Estado es que tiene las puertas abiertas a la fiscalización internacional, y nos preocupa que esas puertas se cierren», dijo la ex jueza y fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI.
La delegación estaba encabezada por Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del CEJIL, quien calificó lo ocurrido como «lamentable y condenable».
«Se nos fue negado el ingreso de una manera arbitraria», dijo la funcionaria. Según las autoridades de Migración nicaragüense, la misión fue rechazada porque no avisó con suficiente antelación.
Aguiluz señaló que esta es la segunda vez que el Gobierno de Ortega expulsa a un equipo del CEJIL. En 2015, dos miembros del organismo con sede en Costa Rica fueron rechazados en el aeropuerto.
El incidente fue condenado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y por los directivos de los principales centros de derechos humanos de Nicaragua.
Por Gabriela Selser (dpa)
