Managua, 25 sep (dpa) – El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua instó hoy al presidente Daniel Ortega a reanudar cuanto antes el proceso de diálogo nacional para intentar resolver la crisis que ha dejado 200 muertos según el Gobierno y más de 500 de acuerdo a ONGs de derechos humanos locales.
«Resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediador y testigo, e incorpore a garantes internacionales para garantizar que sus acuerdos sean cumplidos”, indicó el sector privado en un comunicado de prensa.
Según los empresarios, hoy más que nunca «depende de la voluntad política del presidente de la República que el país retome el camino del diálogo y que en el seno de éste se alcance el acuerdo político que permita pacificar y reconstruir nuestro país bajo principios de democracia y justicia”.
El COSEP también demandó al Gobierno liberar a todos los ciudadanos detenidos por participar en protestas (casi 500, según ONGs de derechos humanos) y garantizar el derecho a la movilización, sin asedio policial ni de fuerzas paramilitares.
«Es necesario que el Gobierno asuma en forma inmediata las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH, de la ONU), entre otras la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos; el cese a la represión en sus diversas formas; y el desarme y disolución inmediata de todos los grupos de parapoliciales y otros civiles armados”, subrayó.
El informe, suscrito por todas las cámaras empresariales del país, lamentó los sucesos de violencia del pasado domingo en Managua, donde un estudiante murió cuando participaba en una manifestación opositora que fue atacada a balazos por policías y paramilitares.
“Nos duele vivir nuevamente las pérdidas de valiosas vidas humanas, por el simple ejercicio de nuestros derechos políticos a la protesta cívica, provocadas por la intolerancia irracional al disenso político”, indicó el documentos.
“No sólo debe haber libertad, garantías y seguridad en las marcha a favor del Gobierno. Iguales derechos y garantías deben tener las marchas no gubernamentales”, añadió el comunicado.
La crisis inició el 18 de abril con una protesta de universitarios y se agudizó tras la violenta acción de policías y paramilitares, que además dejó unos 3.000 heridos y cientos de desaparecidos y detenidos, en su gran mayoría jóvenes y estudiantes.
