Managua, 31 ago (dpa) – El Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó el retiro de Nicaragua de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en medio de fuertes críticas de organismos humanitarios y distintos sectores del país.
La sorpresiva decisión oficial fue divulgada hoy tras ser comunicada a la misión diplomática el jueves, día en que el Gobierno dio «por terminada» la visita que inició el 24 de junio por invitación de la propia Cancillería nicaragüense.
La medida se conoce 48 horas después de que la OACNUDH emitiera un duro informe en el que acusó al Gobierno de ejercer «represión y represalias» en múltiples formas sobre la población, entre éstas detenciones arbitrarias, maltratos y vejámenes a personas detenidas desde que iniciaron las protestas hace cuatro meses.
Esa misma noche del 29 de agosto, Ortega reaccionó con un discurso en el que descalifcó el informe y acusó al organismo de la ONU de ser «instrumento del terror, la mentira y la infamia».
En una carta del canciller Denis Moncada a la OACNUDH, el Gobierno alegó que la misión fue invitada para acompañar el retiro de «tranques» (retenes de opositores) y que ya no existen las «razones, causas y condiciones» de esa visita. Los «tranques» fueron desmantelados en julio anterior mediante violentos operativos armados de policías y paramilitares.
En respuesta, la misión del organismo internacional emitió un anuncio confirmando su salida del país, que se hará efectiva este sábado, según dijo después a periodistas el jefe de la delegación, el peruano Guillermo Fernández Maldonado.
El diplomático admitió que la decisión del Gobierno los tomó por sorpresa pero aseguró que los cuatro miembros del equipo seguirán trabajando desde Panamá.
Añadió que se reunieron con el canciller Denis Moncada y que no consideran su retiro del país estrictamente una «expulsión», ya que la misión no estaba acreditada y «siempre tuvo un carácter temporal».
«La OACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas», señaló el informe.
Se va a cumplir «el mandato global (de la OACNUDH), el ojo internacional se va a mantener desde Panamá y nuestro equipo seguirá trabajando como tal», insistió Fernández Maldonado.
Consultado sobre el discurso de Ortega en el que llamó «infames» a los funcionarios de la OACNUDH, el diplomático dijo que prefería priorizar el trabajo en favor de «las víctimas y sus derechos”, y no «contribuir a una polarización que a lo único que va a llevar es a más violencia» en Nicaragua.
Por su parte, en declaraciones a medios gubernamentales, la vicepresidenta Rosario Murillo reclamó «derechos humanos para todos» y sostuvo que en Nicaragua «no hay cabida para seguir atentando contra la paz, la seguridad y los derechos de los nicaragüenses».
La decisión de Ortega generó una lluvia de críticas de activistas de derechos humanos, empresarios, líderes religiosos y políticos, así como de organizaciones humanitarias internacionales.
«La expulsión de la misión de la OACNUDH es la más reciente acción del gobierno del presidente Ortega para generar un contexto de temor en la población (y) silenciar a las voces disidentes y la exigencia de justicia», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Aseguró que con esa decisión, «Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno», a la vez que «está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión».
También la opositora Alianza Cívica repudió «“enérgicamente la expulsión de la misión de la OACNUDH», dijo Juan Sebastián Chamorro, representante de una organización del sector privado en el diálogo nacional, suspendido desde julio pasado.
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, uno de los mediadores en el diálogo, aseguró que lo ocurrido «desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense».
Por su parte, Vilma Núñez, presidenta de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó la decisión oficial de «insólita» e «inaceptable» y consideró que traerá «consecuencias muy negativas» para el Gobierno.
En su cuenta de Twitter, el director de Human Rights Watch (HRW), José Luis Vivanco, escribió: «Con la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas, Ortega le toma el pulso a la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, @mbachelet que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para DDHH».
La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes, que según ONGs de derechos humanos dejó hasta 450 muertos y 2.800 heridos. El Gobierno registra 198 muertes.
Entre tanto, en Costa Rica, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo que su país mantendrá la cooperación con Nicaragua, pero alertó sobre la crisis política que vive ese país.
Por Gabriela Selser (dpa)
