Buenos Aires, 28 ago (dpa) – Bastones presidenciales, condecoraciones y hasta una carta enviada en 1835 por José de San Martín, libertador de Argentina, a su par chileno Bernardo O’Higgins fueron algunos de los objetos que la Justicia confiscó al registrar tres viviendas de Cristina Fernández de Kirchner en un caso de presunta corrupción y que la ex mandataria reclama como propias.
«Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar (el juez federal Claudio) Bonadio de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor (Kirchner) y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho», criticó hoy Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.
Según la prensa argentina, la policía retiró en los últimos días más de 90 cajas con elementos de tres domicilios propiedad de la ex jefa de Estado (2007-2015) que fueron registrados con motivo de la investigación judicial llamada «cuadernos de corrupción»: uno en Buenos Aires y dos en las ciudades de El Calafate y Río Gallegos, en la patagónica provincia de Santa Cruz.
«La carta escrita por San Martín a O’Higgins encontrada en el allanamiento (registro) a la casa de Cristina Kirchner, en El Calafate, debería estar en el Archivo General de la Nación», opinó al diario «Clarín» su director, Emilio Perina.
El texto está fechado en París, donde San Martín pasó su exilio. Se encontraba protegido por un acrílico y un estuche de madera, según la prensa.
El registro judicial en las tres propiedades se extendió, según los casos, durante tres días en la búsqueda de pruebas o indicios. Los procedimientos fueron autorizados por el Senado porque Fernández de Kirchner es senadora por la agrupación opositora peronista Unidad Ciudadana y cuenta con fueros parlamentarios.
El juez Bonadio está a cargo del llamado caso de los «cuadernos de la corrupción», la trama de supuestos pagos de sobornos de empresarios vinculados a la construcción a los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández de Kirchner (2007-2015) para ser beneficiados con contratos de obras públicas, según la Justicia.
Así surge de las anotaciones que un ex chofer oficial hizo entre 2005 y 2015 en cuadernos cuyas copias están bajo investigación.
En el caso se encuentran detenidas más de una decenas de personas, todas ellas ex funcionarios kirchneristas y empresarios.
A partir de las pruebas recolectadas, Bonadio aseguró que en Argentina funcionó «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo», en referencia al matrimonio Kirchner.
El resultado del registro a las viviendas de Kirchner reabrió una polémica en Argentina acerca de si los elementos que utilizan los presidentes o los regalos que reciben les pertenecen o deben ser devueltos al Estado cuando finalizan su gestión.
Según un decreto firmado a fines de 2016 por el actual mandatario argentino Mauricio Macri «los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones».
«En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico cultural si correspondiere», agregó la norma.
Este martes diferentes organismos defensores de los derechos humanos difundieron un comunicado en el que afirmaron que ene Argentina «está en peligro el Estado de derecho a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política».
«Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo», indicaron, entre otros organismos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Por Gabriel Tuñez (dpa)
