Managua/Washington, 25 jul (dpa) – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una resolución que condena expresamente la violencia del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y llama a la administración de Donald Trump a identificar a los implicados en ella para que sean sancionados.
La resolución fue copatrocinada por un grupo bipartidista de legisladores, entre ellos algunos muy conocidos de origen hispano como los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo y el demócrata Albio Sires.
El texto «condena la violencia, persecución, intimidación y asesinatos de manifestantes pacíficos por parte del Gobierno de Nicaragua» y llama a Estados Unidos a seguir condenando las «atrocidades» en el país centroamericano.
Pide además «identificar a aquellos cuya implicación en esta violencia los cualifique para la imposición de sanciones» bajo la Ley Global Magnitsky, que permite al Gobierno norteamericano sancionar a acusados de violar los derechos humanos.
Esta ley fue la utilizada por la administración Trump para imponer el pasado 5 de julio las primeras sanciones en el marco de la actual crisis contra tres funcionarios del círculo de confianza de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril y a la fecha ha dejado más de 350 muertos y unos 2.000 heridos, así como cientos de detenidos y desaparecidos, de acuerdo a ONGs de derechos humanos. El Gobierno sólo registra 56 muertes.
Mientras, en Managua, el estatal Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó hoy que una estudiante brasileña fallecida el martes en el país murió por un disparo de arma de fuego, mientras organismos de derechos humanos instaron a la Policía a detener a los responsables.
El IML, adscrito al Poder Judicial, dio a conocer la autopsia realizada al cuerpo de la joven, que permitió determinar que su muerte fue causada por una “herida por proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen”, informó el canal privado 100% Noticias, que publicó el documento.
La sudamericana fue baleada la medianoche (local) del lunes por desconocidos en la entrada del barrio Monserrat de Managua y murió en la madrugada del martes en un hospital capitalino.
Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente), dijo que la joven fue atacada en una zona protegida por paramilitares que resguardan las casas de varios funcionarios del gobierno, entre ellos Francisco López, vicegerente de la petrolera venezolana-nicaragüense Albanisa.
Carrión opinó que la Policía se apresuró al emitir el martes mismo un comunicado «precipitado y ligero» atribuyendo el crimen a un vigilante privado. Dijo que el vehículo que la joven conducía fue retirado de la escena del crimen y se desconoce su paradero.
El Gobierno de Brasil exigió el martes a Nicaragua una investigación exhaustiva de lo ocurrido y convocó a su embajador en Managua y a la embajadora nicaragüense en Brasilia.
Desde hace más de dos meses, tras el estallido de protestas sociales contra el presidente Ortega, fuerzas paramilitares han sido desplegadas para actuar contra manifestantes opositores.
El Gobierno ha negado que dirija o maneje a esos grupos irregulares, pese a que éstos actúan a menudo en conjunto con la Policía Nacional, según consta en numerosos videos y fotografías.
En tanto, la ONG Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) acusó a la Policía de aplicar torturas a opositores que han sido detenidos por participar en protestas.
Julio Montenegro, asesor legal de la CPDH, dijo en rueda de prensa que entre las víctimas de torturas figuran los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos el pasado 13 de julio.
“Tenemos fotografías, videos y las versiones de personas dentro (de la Cárcel Modelo, al norte de Managua) y se nos dijo que Mairena estaba golpeado, renqueando, en malas condiciones de salud”, indicó.
Los campesinos fueron llevados el 17 de julio a una audiencia judicial preliminar, sin abogado defensor, en la que se les acusó de siete delitos, entre estos terrorismo, crimen organizado y asesinato. Mairena es líder de la opositora Alianza Cívica, que participa en un diálogo con el Gobierno.
Según Montenegro, ya entonces Mairena y Mena habían sido “golpeados y torturados” por un policía identificado como “Carlos el Chacal”. Nadie en el juzgado observó heridas o moretones en sus brazos porque “el sistema que se emplea es para no dejar marcas”, comentó.
Dijo que la CPDH estudia más de 80 casos de lo que considera prisioneros políticos, entre ellos estudiantes, campesinos y ciudadanos en general, detenidos “de manera ilegal” por paramilitares, pues sólo la Policía puede realizar arrestos.
El Gobierno no ha informado cuántos opositores están actualmente en prisión ni cuántos han sido enjuiciados. Esta semana, la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció la captura de 758 personas en dos días.
Mientras, la Alianza Cívica y la Articulación de Movimientos Sociales, que dirigen las protestas, llamaron a celebrar mañana jueves “cien días de la resistencia no violenta del pueblo” con mítines y marchas en Managua y otras ciudades del país.
Por Gabriela Selser (dpa)
