Nueva York, 25 jul (dpa) – El abogado de Joaquín «El Chapo» Guzmán advirtió al juez del caso de que podría dejar la defensa del narco mexicano si permite que la fiscalía intente probar durante el juicio un número indeterminado de conspiraciones para el asesinato sin garantizar un nuevo aplazamiento del proceso.
«Si se requiere al abogado defensor proceder bajo estas circunstancias, se le estará forzando a retirarse más que a proceder a un juicio para el que se le ha impedido estructuralmente estar preparado», señala el letrado Eduardo Balarezo en un escrito enviado el martes por la noche al juez federal de Nueva York que debe juzgar a «El Chapo».
Justifica su advertencia con la obligación que impone la ley a los letrados de prepararse para defender a sus clientes. «Lo que decimos es que si nos obligan a ir a juicio sin poder defenderlo, sería necesario retirarnos del caso porque no podemos cumplir nuestra obligación ética», declaró hoy a la agencia dpa.
El presunto ex jefe del cártel mexicano de Sinaloa, sobre el que se cierne la amenaza de la cadena perpetua, está acusado de 17 cargos ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Ninguno es un delito de sangre, pero en el principal de ellos, el de manejo continuado de una empresa criminal, la fiscalía asegura que empleó sicarios que habrían cometido asesinatos y secuestros entre centenares de actos violentos.
Balarezo dirige el segundo equipo de defensa que ha tenido Guzmán desde su extradición desde México, en enero de 2017. Asumió el caso en septiembre del año pasado. Hasta entonces, la defensa del narco había estado en manos de dos abogados de oficio, Michelle Gelernt y Michael Schneier.
A Balarezo, un letrado de origen ecuatoriano con bufete en Washington y experiencia en casos de narcotráfico, se le unió posteriormente William B. Purpura, un letrado con despacho en Baltimore que trabajó con Balarezo en la defensa del también narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leyva.
Durante el juicio a «El Chapo», la fiscalía pretende demostrar la implicación del mexicano en lo que califica de «conspiraciones para cometer asesinato» para demostrar a su vez el cargo principal contra él. Llamará para ello a declarar a testigos, que Balarezo estima que son «cooperadores» encarcelados en Estados Unidos que han llegado a un acuerdo con el Gobierno para testificar contra su cliente y «reducir sus condenas».
La queja principal del abogado es que la vaguedad de la información dada por la fiscalía y el retraso en hacerlo no le permite prepararse para el juicio.
Pide por ello al magistrado Brian Cogan que impida que la fiscalía presente esas conspiraciones como evidencias o, en caso de no hacerlo, que retrase el juicio y obligue a los fiscales a entregarle inmediatamente la información que precisa, es decir, las identidades de todas las víctimas y la fecha, el lugar y la forma en la que se cometieron los crímenes.
Pocas horas después de que el letrado presentara su escrito, el juez Brian Cogan recomendó hoy a la fiscalía que considere «encarecidamente» una revisión de su exposición.
La fiscalía pretende mantener en secreto la identidad de las víctimas que asegura que de conocerse permitirían saber el nombre de los testigos que van a cooperar con el Gobierno. Además, ha fijado la muerte de algunas en una horquilla de más de veinte años, entre 1989 y 2014, y no ha desvelado dónde se cometieron esos crímenes ni cómo.
«No se puede esperar que la defensa se prepare para defenderse contra un número no conocido de distintas conspiraciones de asesinato en solo 14 semanas», indica el abogado de «El Chapo» en su escrito. En él, vuelve a acusar a los fiscales de buscar la condena de su cliente a cualquier precio, incluido el intento de evitar un juicio justo para él ocultando información.
«El Gobierno obviamente considera al señor Guzmán un objetivo codiciado y su persecución está pensada como un ejemplo para desalentar a otros que presuntamente han cometido ofensas similares», asegura.
El inicio del juicio contra «El Chapo» ha sido pospuesto ya en dos ocasiones: la primera, cuando Balarezo asumió el caso, y la segunda la semana pasada. Cogan lo aplazó en dos meses, hasta el 5 de noviembre, cumpliendo en parte la solicitud del letrado.
El abogado había pedido cinco meses tras recibir a principios de julio, a falta de solo dos meses para la fecha entonces fijada, más de 82 gigabytes con aproximadamente 117.000 archivos de sonido, 1.125 páginas de documentos, decenas de fotografías y al menos una grabación en video.
Se sumaron a las más de 320.000 páginas de documentos y miles de audios interceptados y grabados, entre otras evidencias, que ya le habían entregado antes los fiscales.
Desde su extradición, «El Chapo» espera juicio en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad de Manhattan.
Por Sara Barderas (dpa)
