Washington, 14 jul (dpa) – La administración de Donald Trump puso desde el inicio a Venezuela en el foco de su política latinoamericana. Pero la crisis en Nicaragua, donde los muertos en casi tres meses de protestas son ya más de 300, según organizaciones de derechos humanos, ha introducido un nuevo punto de atención en la región para el Gobierno republicano.
A principios de mayo, cuando las manifestaciones contra Daniel Ortega llevaban apenas dos semanas, el vicepresidente Mike Pence acusó al ex guerrillero sandinista de «reprimir brutalmente» a su pueblo e incluyó a Nicaragua en el eje dictatorial de las Américas junto a Cuba y Venezuela.
Lo hizo durante la ceremonia en la que tomó juramento al nuevo embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, que se ha puesto a la cabeza de las críticas a Ortega en la organización panamericana. «Es el Gobierno de Ortega el que, cada día, renueva su directiva de matar a su pueblo para permanecer en el poder», dijo esta semana el diplomático, hijo de padres cubanos.
Durante semanas, las únicas acciones de Washington fueron revocaciones de visados a funcionarios nicaragüenses. Pero el 5 de julio llegaron las primeras sanciones en esta crisis contra tres altos cargos nicaragüenses del círculo de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados con los abusos que están teniendo lugar en Nicaragua», dijo un alto funcionario de la administración. La frase es idéntica a la que el Gobierno de Trump ha repetido en numerosas ocasiones sobre Venezuela, donde son ya más de 50 los altos cargos, incluido el presidente Nicolás Maduro, sancionados por la administración republicana.
«Estas sanciones marcan el primer salvo formal de Washington hacia el régimen de Ortega, pero aún así se quedan cortas cuando las comparamos con la magnitud de la represión en la que ha incurrido Managua», apunta a dpa Juan Carlos Hidalgo. El analista del Instituto Cato señala que se trata de ir añadiendo presión a figuras clave para que retiren su apoyo a Ortega.
Es lo que hace con Venezuela. Pero, ¿seguirá el mismo patrón? «La estrategia de la administración Trump ha sido muy nebulosa, especialmente tras consensuar con la misma Nicaragua una declaración en la Asamblea General de la OEA que omitía achacar al régimen de Ortega la responsabilidad por la violencia», apunta Hidalgo.
La Asamblea General es la cita anual más importante de la OEA y la de junio en Washington se celebró centrada en Venezuela. Las críticas por dejar fuera a Nicaragua llevaron a que finalmente se aprobara una declaración que fue consensuada y presentada por Managua y Washington y la cual evitó responsabilizar y condenar al Gobierno de Ortega por la violencia y las muertes.
Ahora, Estados Unidos se ha puesto a la cabeza del intento de aprobar una resolución en el consejo permanente de la OEA que exhorta al Gobierno de Ortega a «apoyar un calendario electoral» en Nicaragua. Es una forma de pedirle elecciones anticipadas.
«Todo el mundo sabía que el Gobierno de Ortega era autoritario desde hace tiempo, pero no se impusieron medidas punitivas porque Nicaragua ha evitado las extremadamente altas tasas de homicidios de sus vecinos centroamericanos, los nicaragüenses no llegan en grandes cantidades a la frontera estadounidense y el país no es una estación de paso para traficantes de drogas», dice a dpa Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.
«Los disturbios y la represión dieron más munición a los hardliners anticastristas y anti-Maduro del Congreso. Y como son aliados de Trump, era razonable esperar un giro en la política, incluyendo sanciones», añade.
Esta semana, el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una propuesta de resolución que condena y responsabiliza de la violencia y las muertes de manifestantes al Gobierno de Ortega y llama al de Trump a seguir imponiendo sanciones a altos cargos nicaragüenses.
En ese subcomité se sientan algunos de los anticastristas a los que se refiere Shifter. La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires, ambos de origen cubano, son copatrocinadores de la «Nica Act», un proyecto de ley que persigue que Estados Unidos vete los préstamos que Nicaragua pida en organismos multilaterales de los que Washington forma parte si no se celebran elecciones «libres, justas y transparentes». El texto fue aprobado por la Cámara de Representantes en octubre pero debe recibir luz verde del Senado.
La actual ola de protestas contra Ortega comenzó cuando aprobó por decreto una reforma de la seguridad social. Pero el malestar se remonta a mucho antes. La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en los presidenciales de 2011. De los de 2016, en los que fue reelegido Ortega con el 72,5 por ciento de los votos, fue excluida la principal alianza opositora.
El principal representante de línea dura anticastrista y anti-Maduro del Congreso se sienta en el Senado: el senador Marco Rubio es una de las voces que más escucha Trump respecto a América Latina. A finales de junio presentó allí una resolución junto a otros conocidos senadores que urge a imponer sanciones al Gobierno de Ortega.
Por Sara Barderas (dpa)