Washington, 11 jul (dpa) – Camino de cumplirse tres meses de la mayor crisis en décadas en Nicaragua y mientras aumentan los muertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a la OEA y al resto de la comunidad internacional a exigir al Gobierno de Daniel Ortega que ponga fin inmediato a la represión y las violaciones de los derechos humanos en el país.
El secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, denunció ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, un deterioro y profundización de la grave crisis de derechos humanos en el país y confirmó 264 muertos y más de 1.800 heridos desde el inicio de las protestas contra el Gobierno de Ortega, el 18 de abril.
«La CIDH hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exija al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando», manifestó el funcionario brasileño.
La CIDH es el órgano autónomo de la OEA que vela por los derechos humanos en el continente americano. En mayo realizó una visita al país. Sobre el terreno en Nicaragua están ahora mismo su Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) para monitorear la situación y un equipo de expertos internacionales (GIEI) que investiga la violencia, propuesto por la CIDH tras su visita.
El informe que hoy presentó Abrao se basa en las informaciones que estos dan a la Comisión. El MESENI ha observado una «profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora», así como contra quienes están en retenes y barricadas protestando y quienes colaboran con las protestas, dijo. El funcionario describió una situación de represión, con detenciones arbitrarias y sin orden judicial ni otras garantías democráticas y allanamientos ilegales en busca de personas que participan en las manifestaciones.
«Como consecuencia de estas acciones, un gran número de personas se vieron forzadas a huir de sus casas y esconderse, y desplazarse a otros lugares tanto dentro como fuera del país», señaló.
Abrao instó a que las manifestaciones del jueves y el sábado y el paro del viernes sean respetados. «Queremos instar a Nicaragua y a la comunidad internacional a hacer un llamado a garantizar las protestas pacíficas», urgió, después de que las últimas tres manifestaciones fueran atacadas por grupos paramilitares.
Uno de los últimos episodios de violencia fue el ataque el lunes en Diriamba, al sur de Managua, por parte de al menos cien personas a miembros de la Iglesia católica, entre ellos el nuncio apostólico, el cardenal y el obispo auxiliar de Managua. La Iglesia católica actúa como mediadora en el diálogo nacional.
Varios países miembro de la OEA, entre ellos Estados Unidos -que la semana pasada impuso sus primeras sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses en el marco de la crisis-, México y Colombia, se unieron hoy a la condena de esos hechos por parte de la CIDH, que acusa al Gobierno de Ortega de estigmatizar a la Iglesia católica con sus declaraciones.
El Gobierno de Ortega rechazó tajantemente el informe del secretario ejecutivo de la CIDH a través de su canciller, Denis Moncada, presente en el consejo permanente. Es «apresurado, prejuiciado y carente de objetividad», manifestó el ministro de Exteriores, que calificó las protestas de «actos terroristas» que aseguró que pretenden derrocar a Ortega. Venezuela lo apoyó.
Tras unas primeras semanas en las que la de Nicaragua fue prácticamente una crisis olvidada en la OEA, la organización panamericana se comprometió finalmente el 22 de junio, en el primer consejo permanente sobre ella, a involucrarse en la búsqueda de una solución. A ello respondió la comparencencia de hoy de Abrao para informar sobre la situación.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que llegó a ser acusado de connivencia con Ortega por la oposición nicaragüense, fue endureciendo su posición. «Es condenable el asesinato de policías», dijo hoy. «Pero la violencia del Estado sobre población civil nunca puede ser admitida».
Almagro volvió a proponer elecciones anticipadas. «En las manos del gobierno de Nicaragua se encuentra la posibilidad de tomar las iniciativas contundentemente democráticas que permitan expresarse al pueblo en las urnas», indicó.
La actual ola de protestas contra el Gobierno de Ortega comenzó por la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, ya derogada. Pero el malestar con el presidente se remonta a mucho antes. La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en los presidenciales de 2011. De las de 2016, en las que fue reelegido con el 72,5 por ciento de los votos, fue excluida la principal alianza opositora y los comicios carecieron de observación independiente.
Por Sara Barderas (dpa)
