Madrid, 2 jun (dpa) – Con la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cataluña, hoy se levantaron de forma automática las medidas impulsadas por el Gobierno español para tratar de frenar el desafío independentista en la región en el marco de un mecanismo inédito en España: el artículo 155 de la Constitución.
Éste ofrece la posibilidad de que el Ejecutivo central actúe sobre una región para hacerle cumplir la ley, algo que Cataluña dejó de hacer al celebrar el pasado 1 de octubre un referéndum soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
El artículo indica simplemente que el Gobierno puede «adoptar las medidas necesarias» para «obligar» a una Comunidad Autónoma «al cumplimiento forzoso» de sus obligaciones y a la protección del interés general, por lo que deja un amplio margen de actuación.
En el caso de Cataluña, el Ejecutivo español de Mariano Rajoy acordó la destitución del Gobierno regional al completo y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.
Además, propuso limitar las competencias del Parlamento catalán para que la Cámara no pueda proponer un candidato a la presidencia del Ejecutivo ni celebrar un debate o votación de investidura.
Las medidas fueron enviadas el Senado, donde fueron aprobadas. El Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría en la Cámara alta parlamentaria y contó con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) y del liberal Ciudadanos.
En el propio acuerdo se especificaba que las medidas se mantendrían vigentes y serían de aplicación «hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno» catalán que saliera de las elecciones del pasado diciembre.
El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn alemana de 1949. Otras Cartas Magnas de diversos países incluyen mecanismos similares para suspender o disolver órganos de gobierno regionales en caso de incumplimiento de deberes.
