Buenos Aires, 3 may (dpa) – La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó hoy una ley que autoriza a incinerar residuos no reciclables, pese a las advertencias de expertos y entidades por las consecuencias negativas que tendría para el medio ambiente.
La nueva ley impulsada por el alcalde oficialista Horacio Rodríguez Larreta habilita la quema mediante el sistema de combustión de residuos sólidos en hornos controlados. La iniciativa que modifica la la denominada «Ley de Basura Cero» fue aprobada por 36 votos a favor y 22 en contra.
La incineración de residuos había sido prohibida en 1976 en Buenos Aires, que actualmente gestiona un promedio de 6.700 toneladas diarias de residuos.
«La ciudad logró grandes avances en materia de tratamiento de residuos, pero consideramos importante revaluar la situación y actualizar las metas. La implementación de nuevas tecnologías como la termovalorización permitirá acercarnos a una solución para el problema de los rellenos sanitarios», dijo el vicepresidente primero de la Legislatura, el diputado de Vamos Juntos Francisco Quintana.
Integrantes de cooperativas de recicladores urbanos y organizaciones ambientalistas, que se oponían a la ley, siguieron la votación con carteles que rezaban «Quemar basura mata» y «No a la incineración».
En tanto, un grupo de activistas de Greenpeace ingresó en el recinto tras la votación y uno de ellos entonó, con una trompeta, la marcha fúnebre, tras lo cual los recuperadores, acompañados por diputados del arco opositor, cantaron algunas estrofas del himno nacional, lo que derivó en la decisión de las autoridades legislativas de pasar a un cuarto intermedio.
El plan oficial asegura que la tecnología que se utilizará en la incineración reducirá en un 90 por ciento el volumen de los desechos, y que las cenizas generadas podrán ser reutilizadas en la industria de la construcción.
«Los incineradores de basura emiten al ambiente una variedad de sustancias químicas, algunas muy tóxicas para las personas», dijo a dpa Verónica Odriozola, directora ejecutiva de Salud sin Daño, una de las organizaciones que se oponen al proyecto.
Odriozola firmó una declaración junto a otros referentes de organizaciones ambientales en la que aseguraron que la iniciativa pretende «tapar la falta de voluntad política» en cumplir con la llamada Ley de Basura Cero, que fue aprobada en 2005 y fijaba un descenso en la cantidad de residuos enviada por Buenos Aires a los depósitos situados en la periferia de la ciudad.
En enero pasado la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa pública encargada de la gestión de residuos sólidos de la capital argentina y otros 34 distritos bonaerenses, advirtió que el último depósito habilitado para recibir basura colapsará en un lustro.
Greenpeace aseguró en tanto que cada año siete millones de personas mueren por la contaminación del aire, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la organización ambientalista, la contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires supera significativamente los valores permitidos por la OMS. Además, Greenpeace señala que el sistema de medición de calidad del aire liderado por el gobierno porteño no es suficiente y deja por fuera contaminantes que representan un riesgo medioambiental para la salud.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló por su parte que la incineración generará emisiones de «componentes muy peligrosos, como dioxinas, que son agentes cancerígenos declarados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer».
