Madrid/Barcelona, 12 abr (dpa) – A poco más de un mes de que expire el plazo para formar Gobierno en Cataluña, el Parlamento de la región decidió hoy aplazar «sine die» la sesión convocada para investir «president» este viernes al separatista Jordi Sànchez, después de que la Justicia española rechazara su salida de prisión.
El candidato, encarcelado de forma provisional desde octubre y procesado por un delito de rebelión, había solicitado al juez que lo investiga un permiso para acudir al pleno del «Parlament» o para poder ser investido jefe del Gobierno regional de forma telemática.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó hoy ambas solicitudes bajo el argumento de riesgo de reiteración delicitiva, impidiendo así «de facto» su nombramiento, que debe ser presencial.
Tras la decisión judicial, el jefe del Parlamento catalán, el separatista Roger Torrent, decidió aplazar la sesión de investidura y propuso dar una respuesta a lo que consideró una «vulneración» de los derechos del diputado del partido Junts per Catalunya (JxCAT).
Para decidir los siguientes pasos, la formación separatista se reunirá en los próximos días en Berlín con su líder, el ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en Alemania a la espera de que la Justicia de este país decida sobre su posible entrega a España, donde fue procesado por rebelión y malversación.
Algunas voces apuntan a que el propio Puigdemont podría ser candidato a la investidura, aunque su situación judicial es delicada.
El de ahora es el cuarto intento fallido de los independentistas para formar Gobierno en Cataluña desde las elecciones celebradas el 21 de diciembre y el segundo para hacer «president» a Sànchez, de 53 años.
Antes, fracasó también la investidura de Puigdemont y la del diputado Jordi Turull, quien fue enviado a prisión en España.
El plazo para formar Gobierno en Cataluña expira el 22 de mayo. Si ese día no hay un presidente, se convocarán comicios de forma automática para el mes de julio, según marcan los plazos legales.
La región, de 7,5 millones de habitantes, permanece intervenida administrativamente por Madrid desde final de octubre, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy actuó para frenar el plan independentista.
Tras la investidura fallida de Turull a final de marzo, fue Puigdemont quien propuso un nuevo intento para nombrar a Jordi Sànchez tras una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pedía respetar los derechos políticos del diputado separatista.
Pero el juez Pablo Llarena volvió a negarle hoy el permiso para salir de prisión y rechazó también una posible investidura telemática.
En su auto, el magistrado sostiene que hay elementos para considerar que un eventual mandato del candidato podría «orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional» por lo que considera conveniente «sobreponer la protección de unos derechos políticos colectivos sobre un liderazgo que, por su ejercicio delictivo, suponga una restricción parcial del derecho reconocido al procesado».
Según el juez, las restricciones vigentes sobre Sànchez «resultan plenamente justificadas dadas las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos (…) así como la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula».
Sànchez, de 53 años y diputado del partido Junts per Catalunya (JxCAT), fue de 2015 a final de 2017 líder de una de las principales organizaciones separatistas de Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y movilizó al independentismo en la calle.
Por Ana Lázaro Verde (dpa)