La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional en la que exige el máximo respeto a la independencia judicial ante las críticas recibidas por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y señala que las decisiones adoptadas por ésta “responden exclusivamente a los motivos recogidos” en sus resoluciones.
El texto íntegro de la declaración institucional es el siguiente:
“Ante las reiteradas manifestaciones por parte de responsables públicos relativas a que la decisión de adoptar la medida cautelar de prisión provisional de los señores Cuixart y Sànchez obedece a motivos políticos, incluso llegando a calificarles como presos políticos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hace constar:
1. Que en un Estado constitucional como el nuestro, los jueces y tribunales actúan con estricta sujeción a la ley y al Derecho en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad. Por ello, en el presente caso, la decisión adoptada en el seno de un proceso seguido con todas las garantías responde exclusivamente a los motivos recogidos en la propia resolución.
2. Que las manifestaciones mencionadas no tienen más objetivo que dañar la percepción social de la independencia de la magistrada que ha tomado la decisión.
3. Que ante la grave situación en que se está desarrollando el ejercicio de la función jurisdiccional, exigimos el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad.
4. Que la independencia judicial es un instrumento esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho. Por eso quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial manifiesta a la opinión pública y, en particular, a la sociedad catalana que pueden sentirse orgullosas y confiadas en el modelo constitucional de garantías y libertades de España y de la independencia de sus jueces y magistrados”.
