La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha considerado que el ministro de Hacienda no puede explicar por qué el Gobierno no ha revisado al alza el objetivo de déficit para 2018 en plena recuperación de la economía, cuando la previsión de crecimiento del PIB ha subido en medio punto desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de diciembre, que fijó la meta del 0,3%.
En su intervención durante los Encuentros que la Cadena SER ha celebrado en Sevilla, Díaz ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de «hacer trampa» en el reparto del objetivo de déficit porque «no le cuadra la caja de la Seguridad Social».
«Si España crece y tiene medio punto más de crecimiento, no puede ser que las comunidades tengamos que recortar 450 millones de euros y nos dé la misma cifra de diciembre», ha denunciado la presidenta, que se ha mostrado convencida de que el Gobierno central, que acaba de pedir un préstamo para pagar la extra de verano de los pensionistas, «está haciendo trampas porque no le cuadra la caja de la Seguridad Social».
Susana Díaz ha criticado que el Gobierno central «ha vivido» del «esfuerzo enorme» que han hecho comunidades autónomas y ayuntamientos para la disminución del objetivo de déficit y del endeudamiento; y, ahora que la economía va a crecer casi al 3%, medio punto por encima de lo previsto, también «se lo queda el Gobierno».
Díaz ha insistido en que «si ahora las previsiones son medio punto superiores a lo que pensábamos tanto el Gobierno de España como Andalucía en el último trimestre de 2016, ¿por qué el objetivo de déficit no es también mejor?» y ha cuestionado que «algunos quieren cuadrar las cuentas del Estado y no les preocupa que se resientan los servicios públicos y, con ello, aumentar la desigualdad y la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones».
A su juicio, «es un incumplimiento muy serio, porque estamos hablando de 900 millones de euros que Andalucía va a ver mermados en los próximos dos años. 450 millones menos este año y otros 450 menos el año que viene para nuestros hospitales, nuestros centros de salud y nuestra atención a la dependencia, que prácticamente son el 90% del gasto de la comunidad autónoma».
Tras este «primer hachazo» que ha significado el objetivo de déficit, Susana Díaz ha alertado también sobre «las liquidaciones de las entregas a cuenta» que se conocerán en las próximas semanas.
Díaz ha vuelto a reclamar la reforma pendiente de la financiación autonómica, un debate que «va a condicionar el futuro de Andalucía y del conjunto de los territorios la próxima década», ya que «estamos discutiendo con qué recursos vamos a contar» para financiar servicios públicos e inversiones.
La presidenta ha lamentado que se haya vuelto a perder la oportunidad «de iniciar el diálogo entre las comunidades autónomas y el Estado» para su reforma, «porque no solo se está incumpliendo la LOFCA y el Estatuto de autonomía, sino que se incumplen los compromisos que adoptamos en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero».
Susana Díaz ha advertido que no va a permitir «una España a dos velocidades» y ha confiado en que todas las fuerzas políticas andaluzas «se sientan herederas del 28F», desde el convencimiento de que «cohesionando territorial y socialmente este país nos irá mejor individual y colectivamente».
En cuanto a la reforma del Impuesto de Sucesiones, Díaz ha dejado claro que «cumple lo que firma» y, tras asegurar que este tributo ha sido objeto de un «proceso de deslegitimación», ha apuntado la necesidad de conocer «qué tenemos y con cuánto contamos y en función de eso tomar otras decisiones que no pongan en cuestión jamás el mantenimiento de los servicios públicos de calidad».
Susana Díaz ha repasado algunas otras demandas de Andalucía al Ejecutivo central, como la supresión de los intereses del FLA, puesto que la comunidad ha cumplido con el objetivo de déficit; el cumplimiento del principio de adicionalidad y la no sustitución de fondos estatales por inversiones europeas; los «inadmisibles» Presupuestos Generales del Estado, con un recorte del 36% de las inversiones, o la apuesta por el tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo.
Asimismo, ha criticado que, en materia de investigación e innovación, los centros de excelencia andaluces reciben del Gobierno central catorce veces menos que Cataluña, nueve veces menos que Madrid y una tercera parte que Valencia.
«Andalucía necesita, y España también, contar en nuestro país con una política de convergencia económica regional acordada por todos y que beneficie a todos», ha dicho la presidenta, que ha asegurado no entender «que cuando hablamos de cohesión territorial no seamos capaces en Andalucía de poner los intereses de esta tierra por delante de los intereses partidarios.»
