El Principado mantendrá todas las oficinas del registro civil existentes en la actualidad. Así responde la consejería de Presidencia y Participación Ciudadana a las preguntas de la diputada de IU, Concha Masa, preocupada por el mantenimiento en Asturias de los registros civiles dado que la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, podría suponer su privatización y que en la comunidad autónoma solo quedasen un número máximo de seis frente a la situación actual en la que cada concejo de más de 7.000 habitantes tiene una oficina de registro. Guillermo Martínez, consejero de Presidencia, sostiene ante las preguntas de IU, que si la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia Sale adelante, será el Principado de Asturias el competente para decidir cuántas oficinas del registro civil quedan en funcionamiento y que, la previsión, es “mantener todas y cada una de las existentes en la actualidad”.
Concha Masa, diputada de IU en la Junta General, realizó esta y otras preguntas sobre justicia después de reunirse a finales de marzo con la sección sindical de CCOO de Justicia. Masa también interrogó al Gobierno sobre el mantenimiento de los empleos. En este sentido Martínez responde que la previsión del Principado “es mantener a los mismos funcionarios que prestan servicio en los registros civiles a día de hoy, manteniendo el empleo público relacionado con el registro civil, con los Letrados de la administración de Justicia como encargados de los mismos y con el personal de la administración de Justicia destinado en dichas oficinas, “reconociendo así la eficaz labor de estos funcionarios”. La entrada en vigor de la Ley 20/2011 en el mes de julio no supondrá coste alguno, en principio, para las arcas del Principado, puesto que se trata de mantener la situación actual, sostiene en su respuesta escrita a la pregunta de IU de qué coste tendría la aplicación de la mencionada normativa. Sin embargo, el Gobierno asturiano dice que, ha solicitado al Ministerio que se incluya dentro de la modificación de la Ley el compromiso de que la reforma aludida no conlleve incremento de gasto para las comunidades en la doble vertiente de gastos de personal y de medios tecnológicos y materiales en los desarrollos de programas y sistemas exigidos en la nueva ley.
La diputada de IU también preguntó cuáles son las razones por las que no se han solucionado los problemas de interoperabilidad y otras dificultades técnicas entre las oficinas del registro civil y el Sespa en lo que se refiere al registro de nacimientos y cuándo se tiene previsto solucionarlos. En este caso, el ejecutivo asturiano sostiene que los problemas de interoperabilidad deben ser solucionados directamente por el Ministerio de Justicia ya que de él dependen la aplicación informática INFOREG encargada de la gestión de las inscripciones. El Principado, sostiene el consejero, que ha dado traslado a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia sobre los problemas que le han comunicado.